El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra el diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje, tras sus declaraciones sobre la custodia de la esposa del jefe de Gabinete. Tailhade respondió con un escrito en el que rechazó los cargos y pidió nuevas medidas de prueba.
El conflicto entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el diputado Rodolfo Tailhade sumó un nuevo capítulo. El martes 5, dos funcionarios del Ministerio de Seguridad —la directora de Asuntos Jurídicos, Mariana Venesio, y el subsecretario Legal, Diego Hernán Goldman— presentaron una denuncia penal contra Tailhade por supuesto espionaje. La presentación recayó en el Juzgado Federal N.°5, a cargo de la magistrada María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa.
Según el escrito, Tailhade habría incurrido en espionaje al revelar detalles sobre los movimientos de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, durante su intervención en el Congreso. El diputado había afirmado que Angeletti se trasladaba en un auto oficial con custodia de la Policía Federal para realizar actividades cotidianas, como llevar a sus hijos al colegio, ir a la manicura o salir con amigas.
Los funcionarios calificaron la situación como “significativamente preocupante” y señalaron que, de ser ciertas las afirmaciones de Tailhade, este se habría valido de “medios ilegítimos” para obtener información. Además, destacaron el pasado del diputado como director de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y solicitaron que se investigue su actividad en el marco de la Ley de Inteligencia Nacional.
Tailhade no demoró su respuesta. El mismo día presentó un escrito ante la fiscal Ochoa, en el que calificó la denuncia como “un mamarracho, un verdadero bochorno institucional”. El diputado negó cualquier actividad de espionaje y recordó que goza de inmunidad parlamentaria. También cuestionó que la demanda haya sido firmada por funcionarios del Ministerio de Seguridad, “cuya competencia nacional es la defensa jurídica del Estado, no la persecución penal de legisladores opositores”.
En su defensa, Tailhade sostuvo que la información que brindó sobre los movimientos de Angeletti proviene de fuentes públicas: “Al tratarse de lugares públicos, la presencia de una mujer en un auto oficial, con dos guardaespaldas visibles, no pasa desapercibida”. Además, pidió a la Justicia que produzca nuevas medidas de prueba para esclarecer los hechos.
El caso es visto como un nuevo round en la tensión entre el oficialismo y la oposición, en el que el Gobierno busca respaldar a Adorni, mientras que Tailhade insiste en la legalidad de sus dichos.