El Ministerio de Exteriores de Marruecos afirmó que no aceptará ser «el chivo expiatorio» en los «ajustes de cuentas políticos» en España y sostuvo que no hay pruebas de su implicación en la entrada masiva de migrantes a Ceuta en julio.
El Ministerio de Exteriores de Marruecos aseguró el jueves que no aceptará ser «el chivo expiatorio» en los «ajustes de cuentas políticos» en España e insistió en que no hay pruebas de su implicación en la entrada masiva de migrantes a Ceuta del pasado julio.
«El Reino de Marruecos se niega a ser un fondo de comercio preelectoral y tampoco admite ser el chivo expiatorio de los ajustes de cuentas políticos», afirmó un comunicado en el que Rabat lamenta que «algunos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en explotar» el país «con fines políticos internos», reportó la cadena española RTVE.
La nota califica de «lamentable» que «partidos políticos de larga trayectoria» hayan caído «en este atolladero» en el que prevalece «la escalada irracional y populista sobre el sentido común».
Subrayó que Marruecos mantiene «una relación de buena vecindad geográfica, entendimiento político, asociación económica y cooperación en materia de seguridad» con España.
Una orientación, añade la nota, que encontró «su expresión más completa» tras la visita del rey español Felipe VI y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Rabat en abril de 2022, que marcó el inicio de una «nueva etapa en las relaciones».
El Gobierno marroquí sostiene que la cooperación en materia migratoria con España «siempre ha sido coordinada y eficiente», aunque admite que lo sucedido en Ceuta en julio requiere un examen exhaustivo para definir sus circunstancias, identificar las interferencias, denunciar las manipulaciones y, sobre todo, garantizar que no vuelvan a ocurrir.
Desde Rabat también cuestionan que se mantenga la acusación contra Marruecos cuando, en su opinión, «ningún dato o informe establece ninguna implicación de las autoridades marroquíes». Se preguntan, además, por qué no se rechaza a los migrantes ilegales, pese a que Marruecos «se ha comprometido oficialmente a volver a admitirlos».
La nota marroquí plantea otra cuestión sensible: «¿Por qué se mantiene a los menores no acompañados alejados de sus familias, cuando Marruecos ha solicitado urgentemente su retorno?». A juicio de Rabat, la respuesta a estas preguntas «no debe buscarse en Marruecos, sino en los actores españoles afectados».
En paralelo, el Gobierno español desclasificó informes de inteligencia, un movimiento que añade tensión a la relación bilateral y que, según analistas, busca ofrecer explicaciones públicas sobre lo ocurrido y responder a la presión política interna.
El episodio de Ceuta de julio abrió un debate sobre coordinación operativa, derechos de la infancia y responsabilidad compartida entre ambos países. Mientras Marruecos pide un análisis claro y la retirada de responsabilidades que considera infundadas, España enfrenta la tarea de aclarar los hechos y gestionar las consecuencias diplomáticas.
La respuesta marroquí llega un día después de que el Gobierno español desclasificara 40 documentos e informes de inteligencia sobre la crisis migratoria en Ceuta.
En ellos se revela que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mantuvo el 29 de julio, víspera de la entrada masiva, comunicaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil en las que trasladaba su preocupación por las convocatorias surgidas en redes sociales para el día siguiente y por la posibilidad de un «asalto» por «mar y tierra» en la ciudad autónoma.
Los documentos también acreditan que el CNI trasladó a los servicios secretos marroquíes, el 29 de julio y en una «nota urgente», los mensajes que habían comenzado a circular en grupos de redes sociales y mensajería.
La postura del Gobierno español, sin embargo, es que la información facilitada por el CNI no permitía prever el alcance de la entrada masiva.
Sánchez defendió en un tuit que los avisos recibidos «en modo alguno constituían o podían interpretarse como un indicador de la escala, naturaleza o probabilidad de lo que pasó después» y defendió que el CNI «no emitió ninguna alerta» a través de la cadena de mando estipulada, es decir, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa.
Asimismo, desde el Ejecutivo insisten en que, con la información disponible, no se puede concluir que Marruecos organizara la entrada masiva. Los días 30 y 31 de julio entraron en Ceuta entre 70.000 y 80.000 personas, según cifras oficiales, y al menos 141 personas murieron en la frontera.