En los pasillos del Parlamento se evalúan las herramientas constitucionales disponibles para supervisar la gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de cuestionamientos políticos y pedidos de informes sobre su patrimonio y el manejo del presupuesto nacional.
En los pasillos del Congreso de la Nación se analiza qué margen existe para avanzar sobre la continuidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de cuestionamientos políticos y pedidos de explicaciones sobre su patrimonio. Aunque la designación y remoción formal dependen del Poder Ejecutivo, desde el Parlamento reconocen que existen mecanismos constitucionales para ejercer presión e incluso forzar su salida.
El diputado nacional por Córdoba Juan Brügge explicó que el Congreso “sí tiene facultades” para controlar al jefe de Gabinete, el funcionario más expuesto a la supervisión legislativa dentro del Ejecutivo. En ese marco, recordó que la Constitución lo obliga a brindar informes mensuales sobre la marcha de la administración. Uno de los instrumentos clave es la interpelación, contemplada en el artículo 101, que permite citar al funcionario para responder preguntas específicas ante ambas cámaras. Si las explicaciones no resultan satisfactorias, el Congreso puede avanzar con un voto de censura, que habilita su remoción con mayoría absoluta: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.
“Es el único funcionario del Ejecutivo que puede ser removido por este mecanismo”, subrayó Brügge, aunque reconoció que hoy no es sencillo reunir ese respaldo político. “No le vamos a preguntar qué altura tenía la cascada que quería hacer en su casa. Eso no tiene sentido y, más allá del mal gusto, no corresponde”, ironizó Brügge, en referencia a versiones que circularon sobre el patrimonio del funcionario.
El diputado insistió en que el foco debe estar puesto en el manejo de los recursos del Estado. “El jefe de Gabinete ejecuta el presupuesto nacional, tiene acceso a información sensible y capacidad de mover partidas. Tiene que dar explicaciones sobre eso”, señaló. En ese sentido, anticipó que una eventual interpelación apuntaría a conocer detalles sobre licitaciones, reasignaciones presupuestarias y mecanismos de control interno. También mencionó versiones sobre el uso de fondos reservados y posibles sobresueldos, aunque aclaró que esos aspectos, si corresponden, deben ser investigados por la Justicia.
Brügge confirmó además que se solicitó al jefe de Gabinete un informe sobre el financiamiento de hospitales universitarios del interior del país. Según indicó, existe una fuerte asimetría respecto de los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires. “El incremento en algunos casos fue del 300%, pero en provincias como Córdoba o La Rioja no supera el 30% y, además, los fondos no se están enviando”, advirtió.