Un tribunal de apelaciones de Washington impidió una audiencia que investigaba si la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem incurrió en desacato al deportar a venezolanos. La decisión, con votos divididos, genera un nuevo capítulo en el debate sobre los límites del poder judicial y ejecutivo.
Un tribunal federal de apelaciones impidió este martes que un juez de distrito celebrara una audiencia para investigar un posible desacato al tribunal por parte de la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y otros funcionarios, en un caso relacionado con la deportación de venezolanos el año pasado.
En una decisión dividida de 2-1, un panel del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC consideró que el esfuerzo del juez de distrito James Boasberg por realizar la audiencia constituía «un claro abuso de discreción». La audiencia, inicialmente programada para diciembre, había sido suspendida previamente por el mismo tribunal.
El conflicto judicial se origina en la deportación, ordenada durante la administración del expresidente Donald Trump, de 137 venezolanos designados como presuntos miembros del grupo Tren de Aragua. La medida se amparó en la Ley de Extranjeros Enemigos, una legislación de tiempos de guerra de uso poco frecuente, para deportarlos rápidamente a El Salvador. Posteriormente, los individuos fueron devueltos a Venezuela y liberados.
El juez Boasberg había emitido una orden en marzo de 2025 exigiendo el regreso de los aviones que transportaban a los detenidos. La administración argumentó que dicha orden no establecía claramente que los detenidos debían ser devueltos a Estados Unidos, y sostuvo que el juez carece de autoridad para obligar a declarar a abogados del gobierno, actuales y anteriores.
La jueza Neomi Rao, redactora de la opinión mayoritaria junto con el juez Justin Walker (ambos designados por Trump), criticó que Boasberg intentara «investigar las deliberaciones del Poder Ejecutivo sobre asuntos de seguridad nacional y diplomacia». Rao señaló que la orden del juez «no decía nada sobre el traslado de la custodia» y, por lo tanto, carecía de la claridad necesaria para sustentar un desacato penal.
En disidencia, la jueza Michelle Childs, nominada por el expresidente Joe Biden, afirmó que la mayoría tuvo el efecto de «romper con la investigación de los hechos» al declarar que el gobierno «está libre de enjuiciamiento» como una cuestión de ley, «independientemente de los hechos subyacentes». Childs sostuvo que determinar si existen hechos que justifiquen una causa probable de desacato no es un acto vengativo ni implica inmiscuirse en la toma de decisiones del ejecutivo.
El Departamento de Justicia, que instó a la corte a bloquear la audiencia, argumentó además que si esta procedía, Boasberg permitiría indebidamente que abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) interrogaran a funcionarios. La ACLU fue quien presentó la demanda original para bloquear los vuelos de deportación.
Este fallo se produce tras la destitución de Kristi Noem por parte de Donald Trump el mes pasado, después de meses de controversia, y su reemplazo por el senador Markwayne Mullin.