La administración de Javier Milei reactivó el proyecto para reformar el sistema electoral y suprimir las primarias. La iniciativa, que requiere amplios consensos, enfrenta dudas incluso entre aliados.
El Gobierno nacional ha puesto nuevamente en agenda su plan para reformar el sistema electoral, con el objetivo central de eliminar de manera definitiva las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Tras definiciones internas, la Casa Rosada inició negociaciones con gobernadores y bloques políticos aliados para reunir los apoyos necesarios en el Congreso, donde se requieren mayorías especiales.
La iniciativa forma parte de un paquete más amplio que incluye modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos y la consolidación de la Boleta Única de Papel. El presidente Javier Milei ya había mencionado la necesidad de una «reforma integral del sistema electoral» durante la apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo.
El oficialismo había logrado previamente la suspensión de las PASO para las elecciones legislativas de 2025, pero ahora busca su abolición permanente. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó esta intención. La mesa política que impulsa el proyecto está integrada, entre otros, por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra Karina Milei.
Sin embargo, el camino legislativo presenta obstáculos. Para modificar el régimen electoral se necesitan 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. En este escenario, han surgido voces críticas incluso entre los bloques que usualmente dialogan con el Gobierno. Legisladores del PRO y de la UCR han expresado reparos, señalando que eliminar las PASO sin proponer un sistema alternativo podría significar un retroceso y que las primarias son una herramienta útil para ordenar candidaturas.
Desde la oposición, el diputado Agustín Rossi (Unión por la Patria) se manifestó en contra de la eliminación, argumentando que las PASO fortalecen la participación ciudadana y que su supresión beneficiaría políticamente al oficialismo.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la reforma busca simplificar el sistema electoral y reducir distorsiones en el funcionamiento de los partidos. Esta nueva ofensiva se da en un contexto político complejo, marcado por una serie de investigaciones y denuncias que, según analistas, podrían reducir el margen de negociación del oficialismo en el Parlamento.