El salario real promedio de los trabajadores formales se encuentra aproximadamente un 25% por debajo del que regía en 2012, una brecha que no se explica por un episodio puntual sino por un fenómeno estructural de largo aliento, según un análisis difundido este domingo.
La persistente dificultad para recomponer los salarios constituye una de las deudas más sensibles de la economía argentina, y su explicación de fondo suele quedar opacada por el debate coyuntural. El salario real promedio de los trabajadores formales se encuentra hoy aproximadamente un 25% por debajo del que regía en 2012, una brecha que no se explica por un episodio puntual sino por un fenómeno estructural de largo aliento.
Mientras se discute mes a mes si el ingreso le gana o le pierde a la inflación, se pierde de vista que la verdadera restricción para que las remuneraciones crezcan de manera duradera reside en otro plano, el de la capacidad de la economía para generar más valor con los mismos recursos.
Ese deterioro de los ingresos se inscribe en un cuadro más amplio de atonía productiva que se arrastra desde hace años. El estimador mensual de actividad muestra una economía esencialmente estancada, con una tendencia que, desde comienzos de 2025, oscila sin lograr consolidar un sendero de crecimiento. La perspectiva de más largo plazo resulta todavía más reveladora, porque desde 2012 el producto se ha movido en ciclos sucesivos en torno a un nivel que, en lo esencial, permanece plano. En paralelo, el empleo formal se destruye con intensidad y tiende a ser reemplazado por ocupaciones informales, de peor calidad y menores remuneraciones, lo que agrava el panorama del mercado de trabajo.
El corazón del diagnóstico aparece al examinar la evolución de la productividad, y los datos del organismo oficial de estadística resultan contundentes al respecto. Entre 2016 y 2025, la inversión en maquinaria y equipo se incrementó un 15% y las horas trabajadas aumentaron un 11%, pero el producto creció apenas un 5%. La conclusión que se desprende de esa comparación es tan clara como preocupante, ya que la economía necesita cada vez más capital y más trabajo para producir una cantidad de bienes y servicios que crece mucho menos. Dicho de otro modo, la productividad, lejos de mejorar, viene retrocediendo de manera sostenida.
El vínculo entre esa caída de la productividad y el estancamiento de los salarios es directo y difícilmente pueda soslayarse. Las remuneraciones solo pueden crecer de forma genuina y sostenible cuando cada unidad de capital y de trabajo genera más valor, porque es justamente ese excedente adicional el que habilita una mejora de los ingresos sin trasladarse a los precios ni erosionar la rentabilidad de las empresas. Si la productividad se estanca o decae, cualquier recomposición salarial resulta efímera y termina diluyéndose, ya sea por la vía de la inflación o por la de la destrucción de puestos de trabajo. No hay, en síntesis, salarios altos sostenibles sin una economía productiva.
Conviene entonces preguntarse por qué la productividad argentina se encuentra tan deprimida, y la respuesta remite a un entorno que desalienta la producción eficiente. Un primer obstáculo lo constituyen las trabas burocráticas y legales que dificultan la importación de insumos y el acceso a las divisas necesarias para operar, lo que encarece y ralentiza los procesos productivos. A ello se suma la pesada carga administrativa que implica el cumplimiento de las obligaciones impositivas, agravada por los costos legales de defenderse frente a actuaciones estatales muchas veces arbitrarias, un entramado que distrae recursos y energías que podrían destinarse a producir.
El marco regulatorio del trabajo aporta su propia cuota de rigidez a este cuadro. Buena parte de los convenios colectivos que todavía rigen la organización del empleo fueron concebidos en las décadas de 1970 y 1980, es decir, en un mundo productivo anterior a la difusión masiva de las computadoras y de las tecnologías digitales en los lugares de trabajo. Esa anacronía normativa condiciona la manera en que se organizan los recursos humanos y conspira contra la incorporación de innovaciones que permitirían elevar la eficiencia. A esos factores se añaden una infraestructura deteriorada, un sistema educativo en declive, la permanente mutación de las reglas de juego y niveles de inseguridad francamente elevados, todos elementos que erosionan la capacidad de producir.
A ese conjunto de restricciones se superpone, además, la incertidumbre que genera la demora en concretar reformas estructurales largamente postergadas, entre las que sobresale la tributaria. La indefinición respecto del rumbo de esas transformaciones inhibe las decisiones de inversión de largo plazo, que son precisamente las que podrían apuntalar una mejora sostenida de la productividad. Las empresas, ante la falta de certezas sobre el escenario futuro, tienden a postergar proyectos o a adoptar una actitud defensiva, lo que retroalimenta el estancamiento y prolonga en el tiempo la imposibilidad de recomponer los ingresos.
La salida de este laberinto, según se desprende del análisis, pasa inevitablemente por una modernización integral del sector público en sus tres niveles, el nacional, el provincial y el municipal. Esa transformación debería incluir un acuerdo de coordinación tributaria que ordene las responsabilidades de cada jurisdicción, una simplificación profunda del sistema impositivo y una mejora sustancial en la calidad de los servicios que presta el Estado. El objetivo último es contar con un sector público financieramente equilibrado y mejor organizado, capaz de proveer bienes públicos de alta calidad que faciliten, en lugar de obstaculizar, la actividad privada.
La enseñanza que deja este diagnóstico es que la recuperación salarial no se decreta ni se obtiene mediante atajos de corto plazo, sino que constituye el resultado de un proceso más profundo. Mientras la economía siga necesitando dosis crecientes de capital y de trabajo para producir lo mismo, cualquier mejora del poder adquisitivo chocará tarde o temprano contra ese límite estructural. Elevar la productividad, por lo tanto, no es una consigna técnica ni un objetivo reservado a los especialistas, sino la condición indispensable para que los trabajadores argentinos puedan, al fin, recuperar el nivel de vida que han perdido a lo largo de más de una década.
(*) Profesor de la Universidad del CEMA.