Ignacio Andrés, ex gerente de Economía Circular del COyS, se presentó voluntariamente en la Fiscalía Penal Económico y Anticorrupción para respaldar el funcionamiento del programa de recuperadores urbanos y cuestionó las sospechas sobre las cooperativas.
El ex gerente de Economía Circular del Ente Municipal Servicios y Obras Públicas (COyS), Ignacio Andrés, se presentó de forma voluntaria ante la Fiscalía Penal Económico y Anticorrupción en el marco de las denuncias e investigaciones judiciales que ponen en duda la transparencia del vínculo entre la Municipalidad de Córdoba y las cooperativas de reciclaje.
Andrés, quien durante su gestión estuvo al frente de la implementación del programa Recuperadores Urbanos Córdoba, rechazó las acusaciones de presuntos desmanejos generalizados y calificó las sospechas públicas sobre las organizaciones de trabajadores como un proceso de «estigmatización».
«A mí me dio vergüenza que se mancillara el nombre de las cooperativas y que hayan tenido que ser los propios cartoneros los que comparecieran espontáneamente ante la Justicia, sin ningún dirigente o funcionario político acompañándolos. Este sector vuelve a su casa con los bolsillos vacíos y ahora tiene que explicarle a su familia que no son una mafia», sostuvo Andrés.
Los tres pilares: transparencia, eficiencia e inclusión
Frente a la pregunta sobre la viabilidad de mantener convenios entre el municipio y las cooperativas de trabajo, Andrés defendió la política integral iniciada durante la gestión de Martín Llaryora y subrayó por qué la considera una política pública de triple impacto (ambiental, económico y social).
Lo definió con tres conceptos: transparencia, eficiencia e inclusión social. Según el profesional especializado en Economía Circular, «si las cooperativas no presentan toda la documentación, el pago no se emite», por lo tanto, todo debe estar registrado y auditado. Además, se «reduce sustancialmente el costo que la municipalidad paga por toneladas enterradas dando impacto positivo en la huella de carbono, plástica e hídrica», como un mecanismo de eficiencia. Finalizó con una acción social invalorable de «integrar a más de mil cartoneros, carreros y recicladores, no solo en términos económicos, sino socioculturalmente dentro del proyecto de ciudad».
Las tensiones con la Tarjeta Activa y el modelo de gestión
El debate sobre la eficiencia del sistema suma un capítulo operativo a partir de los instrumentos de pago y la infraestructura utilizada. Consultado sobre la incorporación de la Tarjeta Activa —el mecanismo bancario y financiero impulsado por la administración local—, el ex gerente señaló que su aplicación supuso una traba en la cotidianidad de los recicladores.
De acuerdo con Andrés, el esquema que divide los haberes entre dinero en efectivo y crédito en tarjeta «complejizó el modelo de pago» e introdujo demoras en la ejecución del dinero, lo que generó un descalce en la dinámica socioproductiva de las familias recolectoras.
Asimismo, al analizar el cierre de determinados Centros Verdes y la reestructuración de los Centros de Transferencia de Residuos (CTR), el ex funcionario diferenció el modelo cooperativo autónomo de la gestión estatal tradicional. «El modelo donde interviene la burocracia estatal o sindical y a la cooperativa solo le queda la precarización no es el más eficiente. El esquema que mejor funciona es el administrado directamente por los propios trabajadores», evaluó.
Impacto ambiental y ahorro presupuestario
La defensa del programa se sustenta en la reducción del volumen de desechos con destino al predio de enterramiento sanitario. Desde la perspectiva técnica del ex funcionario, la articulación entre el municipio, el sector privado mediante iniciativas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y las organizaciones sociales redujo la huella de carbono hídrica y plástica en la capital provincial, al tiempo que generó un ahorro directo en la logística de recolección de basura tradicional.
Sin embargo, el conflicto destapó severos cuestionamientos hacia la conducción actual del COyS por parte de sectores de la oposición y referentes del propio rubro, quienes señalan una progresiva pérdida de transparencia, discrecionalidad en la asignación de recursos y una creciente burocratización que paraliza el funcionamiento de las cooperativas.
Quienes critican la gestión presente advierten que, lejos de consolidar el modelo de economía circular, las decisiones recientes —como la imposición de la Tarjeta Activa con sus consecuentes demoras en los cobros y el paulatino desmantelamiento de Centros Verdes— han precarizado aún más la labor de los recicladores urbanos, transformando una política pública pionera en un esquema opaco y sujeto a sospechas de desmanejos administrativos.
Para Andrés, la política de cartoneros dentro del esquema de cooperativas de trabajo es una política que «vale la pena mantenerla, profundizarla y agrandarla porque refleja un modelo de país que no deja a la gente afuera, sino que se hace cargo de formalizarla e ir incluyéndola en procesos que son beneficiosos para todos los vecinos».