El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la causa que investigaba el lanzamiento y la caída de la criptomoneda $LIBRA. El fallo abarca a once imputados y sostiene que los hechos denunciados no encuadran en una figura legal.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó este viernes al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la causa que investigaba el lanzamiento y la caída de la criptomoneda $LIBRA. El fallo también alcanza a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Pía Novelli, María Alicia Rafaele, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino. El juez utilizó la fórmula más amplia del Código Procesal Penal: los hechos denunciados “no encuadran en una figura legal”. Además, dejó constancia de que el proceso “no afecta el buen nombre y honor” de los once imputados.
La decisión se produjo un año y ocho meses después del posteo del 14 de febrero de 2025, cuando Milei promocionó desde su cuenta de X el proyecto “Viva la Libertad” y el contrato del token. La cotización pasó de centavos a casi cinco dólares y se desplomó en pocas horas. Según la resolución, unas pocas billeteras retiraron alrededor de US$100 millones y más de 40.000 compradores perdieron dinero. Ninguno de los imputados fue citado a indagatoria. El juez sostuvo que no era necesario, porque toda persona sospechada tiene derecho a una resolución que “para siempre descarte el estado de sospecha”.
Quién es quién
Novelli es el nexo que conecta a todos los nombres del expediente. Fundador de la academia N&W Professional Traders, donde Milei daba clases antes de entrar en política, fue señalado en la causa y por la comisión investigadora de Diputados como quien acercó a Hayden Davis, el creador del token, al entorno presidencial. Organizó junto a Terrones Godoy el Tech Forum de octubre de 2024 en el Hotel Libertador, donde Milei se reunió con Julian Peh, socio de Davis en el lanzamiento. Morales, asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores, era socio comercial de Terrones Godoy. El fallo describe un documento hallado en el teléfono de Novelli: una “oferta irrevocable” de Kelsier, la empresa de Davis, dirigida a Novelli, Terrones Godoy y Morales. En ella se los presentaba como “referenciadores” encargados de lograr una “asociación indirecta con el Gobierno argentino”. Los registros oficiales muestran que Davis entró a la Casa Rosada en julio de 2024, con autorización de Karina Milei, y que volvió en noviembre, en una visita que coincidió con la de Novelli. Novelli, además, estuvo al menos tres veces en la Quinta de Olivos ese año.
Sin estafa, sin engaño
La clave del fallo está en la figura de estafa. Martínez de Giorgi coincidió con el fiscal Taiano en que no se probó un “engaño penalmente relevante”. Su argumento es que el proyecto existió, que las empresas eran reales, que las operaciones quedaron registradas en la blockchain y que nadie prometió rentabilidad. Para el juez, la investidura presidencial pudo darle “repercusión y visibilidad” al token, pero eso no equivale a un ardid. La secuencia de promoción, suba y derrumbe “no demuestra, por sí misma”, una maniobra planificada. El fallo añade que el tuit “pareciera” destacar los efectos de las políticas oficiales sobre los mercados y lo compara con “la presencia presidencial en la inauguración de alguna fábrica”.
Lo que había en el teléfono de Novelli
La resolución enumera la prueba más sensible y la descarta una por una. En el celular de Novelli aparecieron dos conversaciones eliminadas con un contacto agendado como “Karina Milei RRPP” y registros de llamadas con el Presidente, cuyo contenido no se pudo determinar. También había una nota con la leyenda “this is the final agreement as discussed with H.” y otra que mencionaba una suma de dinero que debía pagarse a Javier y Karina Milei. Y había una “oferta irrevocable” de Kelsier Group, fechada en noviembre de 2024, que proponía una “asociación indirecta con el Gobierno” y diálogo con los hermanos Milei. El juez concluyó que esos elementos no prueban un acuerdo cerrado: la oferta no tenía firmas y las notas no se pueden vincular con un envío a terceros. Para el tráfico de influencias atribuido a Karina Milei, el fallo dice que la única constancia documental es que autorizó el ingreso de Davis y de Bartosz Lipinski a la Casa Rosada en julio de 2024, y que eso “aisladamente” no demuestra un intercambio ilícito.
La DATIP y las cajas de seguridad
El fallo también admite un problema en la propia investigación. Un sumario de la Procuración General dio por probado que una empleada de la DATIP, el área que analizó los teléfonos secuestrados, accedió indebidamente a documentación reservada del caso y que parte de ese material llegó a la prensa días después. Según el juez, eso afectó la cadena de custodia y “resiente” el valor probatorio de los informes. Esos informes eran precisamente los que contenían los hallazgos más comprometedores. Tampoco prosperaron las cajas de seguridad de Novelli: había registros y filmaciones de su madre y su hermana entrando cerca del lanzamiento, pero las cajas estaban vacías cuando se las allanó.
El frente externo también se cerró
Para respaldar su decisión, el juez citó dos antecedentes de Estados Unidos. El Departamento de Justicia cerró el pedido de asistencia argentino porque consideró insuficiente la conexión entre los investigados y los delitos. Y el 29 de septiembre un tribunal federal de Nueva York desestimó una demanda civil contra Kelsier Labs; en el caso de Davis, por falta de jurisdicción. Sobre Milei, el fallo descartó también el abuso de autoridad y las negociaciones incompatibles, apoyado en el dictamen de la Oficina Anticorrupción: ese organismo había concluido que el posteo, hecho desde una cuenta personal y sin recursos públicos, no era un acto de gobierno.
El informe del Congreso que no movió el expediente
El sobreseimiento también deja sin efecto judicial el trabajo de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. La comisión, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), presentó en noviembre de 2025 un informe de 205 páginas firmado por 15 diputados opositores. Ese informe describió un “esquema de fraude planificado” y atribuyó a Javier y Karina Milei un rol “decisivo, por acción u omisión”. También señaló que el Presidente nunca explicó cómo obtuvo el número de contrato del token, que no era público cuando lo publicó, y que la Secretaría General de la Presidencia autorizó los ingresos de los empresarios vinculados al lanzamiento. Según el relevamiento de la comisión, 114.410 billeteras registraron pérdidas, mientras que 36 ganaron más de un millón de dólares cada una. El informe recomendó evaluar un posible mal desempeño del Presidente y acusó a Martínez de Giorgi y a Taiano de negarse sistemáticamente a colaborar con la investigación parlamentaria. Ni los hermanos Milei ni los funcionarios citados se presentaron a declarar ante la comisión. Casi un año después, nada de eso aparece en el fallo de 60 páginas: la resolución no menciona el informe legislativo y cierra la causa con la misma conclusión que el fiscal.
Sin apelación
En la práctica, el sobreseimiento quedará firme en pocos días. El fiscal pidió el cierre, así que no va a apelar, y ya no hay querellantes. El 3 de julio Martínez de Giorgi apartó, a pedido de las defensas, a todos los querellantes que representaban a damnificados, y la Sala I de la Cámara Federal confirmó esa exclusión el 4 de septiembre. El propio juez lo reconoce en la resolución: “no existe una pretensión acusatoria autónoma que sostenga la continuación del proceso”.
La designación de Ana Juan
El fallo vuelve a poner el foco en una designación que generó críticas en la oposición. El 15 de julio, doce días después de que Martínez de Giorgi apartara a los querellantes, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 589/2026, firmado por Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. Ese decreto designó a Ana Juan, esposa del juez, como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, creado en 2015 y todavía sin funcionar. Su pliego había sido enviado al Senado por Mauricio Macri y retirado dos veces, primero por Alberto Fernández y después por el propio Milei al asumir. Prosperó en el tercer intento.