El gobierno provincial, encabezado por Rolando Figueroa, cesanteó a cinco agentes de la administración pública por inasistencias injustificadas y abandono de servicio. Además, inició investigaciones administrativas para intimar a los involucrados a reintegrar los haberes percibidos y advirtió que, de no mediar devolución voluntaria, dará intervención a la Fiscalía de Estado para iniciar el reclamo por vía judicial.
El gobierno de Neuquén, encabezado por Rolando Figueroa, despidió a cinco empleados públicos por ausentismo y les exigió la devolución de los sueldos percibidos, según informó la administración provincial.
Además de los despidos, el Ejecutivo instruyó el inicio de investigaciones administrativas para intimar a los involucrados a reintegrar las sumas percibidas indebidamente en concepto de haberes y advirtió que, de no conseguir la devolución voluntaria, judicializará la causa por intervención de la Fiscalía de Estado.
Entre los casos detectados, se encuentran una auxiliar de servicios del Consejo Provincial de Educación en Junín de los Andes con inasistencias consecutivas por más de un año, una trabajadora del Ministerio de Gobierno con faltas reiteradas durante varios meses, un empleado de planta permanente de la Subsecretaría de Juventudes y agentes de las subsecretarías de Trabajo y Deportes.
Las medidas recayeron sobre distintos puntos del organigrama estatal e involucraron a agentes de planta permanente que acumularon meses de faltas sin documentación respaldatoria.
Los casos de despido por ausentismo del gobierno de Neuquén
La administración provincial de Neuquén ordenó la cesantía de cinco agentes de la administración pública por incurrir en inasistencias injustificadas y abandono de servicio durante varios meses. Además de los despidos, el Ejecutivo instruyó el inicio de investigaciones administrativas para intimar a los involucrados a reintegrar las sumas percibidas indebidamente en concepto de haberes y advirtió que, de no conseguir la devolución voluntaria, dará intervención a la Fiscalía de Estado para iniciar el reclamo por vía judicial.
Entre los casos detectados en distintas dependencias del organigrama provincial se encuentra el de una auxiliar de servicios del Consejo Provincial de Educación (CPE) en el Colegio Ceferino Namuncurá de Junín de los Andes, quien registró el ausentismo más prolongado al acumular inasistencias injustificadas y consecutivas desde el 10 de marzo de 2023 hasta el 7 de mayo de 2024. De manera similar, una agente de planta permanente del Ministerio de Gobierno faltó sin justificativo entre el 16 de febrero y el 30 de septiembre de 2024, percibiendo la totalidad de sus haberes de forma habitual.
La nómina de sancionados incluye también a una trabajadora de planta permanente de la Subsecretaría de Trabajo, despedida formalmente bajo la figura de abandono de servicio por ausentarse entre el 15 de abril y el 31 de mayo de 2024, y a una empleada de la Subsecretaría de Deportes que faltó sin respaldatorio médico ni administrativo entre el 11 de julio y el 30 de septiembre de 2024.
Por último, el expediente expuso el caso de un empleado de planta permanente de la Subsecretaría de Juventudes que se ausentó de manera continua del 1 al 22 de julio de 2024. Pese a que presentó un descargo tras ser notificado, las auditorías estatales constataron que no había tramitado ninguna licencia y que, durante el mismo horario laboral que debía cumplir en el Estado, se desempeñaba en un empleo en el sector privado.
Rolando Figueroa y la política de auditorías estatales
Desde que asumió el cargo en diciembre de 2023, el gobernador inició un plan de auditorías en el Estado provincial para detectar agentes con inasistencias injustificadas e irregularidades en cobro de haberes.
Bajo la consigna pública «Se terminó la joda en Neuquén, acá hay que trabajar todos los días se enoje quien se enoje», la administración neuquina ha concretado cesantías periódicas en diversas áreas de la administración pública, Registro Civil, la Policía Provincial y el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). La novedad de la reciente medida radica en que el Ejecutivo provincial no solo ordenó los despidos por abandono de cargo, sino que avanzó en la intimación y reclamo judicial para la restitución de los sueldos cobrados indebidamente.