El Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, promovió en los últimos meses a jueces y camaristas vinculados a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, presidentes de la AFA, en medio de causas judiciales por presunto lavado de dinero.
Desde la asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia en marzo, se registraron una serie de ascensos y designaciones en el Poder Judicial que coinciden con causas vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Estas designaciones incluyen a personas con vínculos personales o profesionales con el ministro o con los dirigentes de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
El caso del juez Pablo Yadarola
El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola fue ascendido a la Cámara Penal Federal de la Capital. Un día antes de asumir, cerró una causa que investigaba el ingreso al país de diez bultos en un vuelo privado, ocurrido en febrero del año pasado. El vuelo pertenecía al empresario Leonardo Scatturice, residente en Miami, y la única pasajera fue María Belén Arrieta. Según registros de cámaras del aeropuerto, una funcionaria de Aduana permitió el ingreso sin control. La causa fue archivada sin determinar quién ordenó la medida.
Yadarola había obtenido el puesto 16 en el examen escrito del concurso para camarista. Tras la entrevista personal, pasó al noveno lugar. El consejero Diego Barroetaveña, representante de los jueces, propuso modificar el orden de mérito y lo ascendió al quinto puesto. El Consejo de la Magistratura lo aprobó, y el Senado le dio acuerdo con votos de legisladores oficialistas y de la oposición.
El juez Agustín Rubiero y su ascenso a la Cámara Civil
El juez Agustín Rubiero fue designado miembro de la Cámara Nacional en lo Civil. Esta Cámara intervino en una causa vinculada a la AFA y anuló la veeduría dispuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre la entidad. Rubiero es amigo de Mahiques desde la infancia y fue su asesor en el Consejo de la Magistratura. En el concurso, Rubiero ocupó el puesto 30 entre 31 postulantes, luego pasó al 27 y finalmente al 22 tras el examen oral. Integró la lista complementaria y luego fue propuesto para la terna definitiva.
El caso de María Pérez Cárrega
María Pérez Cárrega podría ser designada al frente del juzgado en lo Penal Económico número 10. En el orden de mérito pasó del puesto 12 al cuarto luego de una entrevista oral. El juez Ignacio Labadens, que integraba la terna, fue designado en otro juzgado, lo que permitió que Pérez Cárrega ingresara a la terna. En ese juzgado está radicada una denuncia contra la conducción de la AFA por la propiedad de la quinta de Pilar.
El caso de José Miguel Guerrero
José Miguel Guerrero, exfuncionario del Ministerio de Justicia y amigo de Mahiques, pasó del puesto 32 al 23 en el orden de mérito tras la entrevista personal. Esa posición le permitió integrar una terna para ser designado juez.
La acordada de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura
La Corte Suprema de Justicia firmó una acordada que restringe el uso de la lista complementaria y la discrecionalidad de las entrevistas personales en los concursos. Esa acordada, firmada por los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no cuenta con la mayoría necesaria en el Consejo de la Magistratura para entrar en vigencia. Se requieren 11 votos de los 20 miembros del Consejo. Los representantes políticos del Senado y de Diputados suman ocho, y un voto podría ser el del presidente del Consejo, Horacio Rosatti.
La causa por la quinta de Pilar y el cambio de competencia
La Cámara de Casación, con la firma de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, resolvió que la investigación sobre la propiedad de la quinta de Pilar pase al juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. El fiscal de esa Cámara, Mario Villar, apeló la decisión y la calificó de “arbitraria”. Villar sostuvo que la investigación debería continuar en la Capital Federal, donde está la sede de la AFA.
Modificación del decreto de designación de jueces
Al asumir Mahiques, el presidente Javier Milei firmó un decreto que modifica un decreto de Néstor Kirchner sobre el procedimiento de designación de jueces. La modificación reduce los controles de transparencia sobre los postulantes. Actualmente, el 40 por ciento de los cargos de jueces está vacante.