El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora Kathy Hochul anunciaron una inversión de US$7,25 millones para garantizar servicios legales a unos 1400 menores no acompañados, tras la expiración de un contrato federal el 31 de julio.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora Kathy Hochul anunciaron el miércoles 12 de agosto una nueva financiación para proporcionar servicios legales a menores de edad no acompañados que enfrentan procesos migratorios. La medida responde a la decisión de la administración del presidente Donald Trump de no renovar un contrato federal que cubría dicha asistencia.
En una conferencia de prensa, Mamdani declaró: “Nueva York se niega a permanecer impasible mientras el gobierno federal abandona a los niños inmigrantes y los deja vulnerables a la explotación y la deportación”. Agregó que los líderes estatales y municipales “rechazan la crueldad que se observa y reafirman el compromiso de proteger a las comunidades inmigrantes que constituyen la columna vertebral de esta ciudad”. Concluyó: “No nos detendremos hasta que los valores sobre los que se fundó nuestra ciudad se sientan plenamente en los cinco distritos”.
La gobernadora Hochul expresó que “ningún niño en el estado debería enfrentar el miedo y la incertidumbre del proceso migratorio sin defensores y apoyo legal”. Añadió: “Mientras la administración Trump se desentiende de estos niños, Nueva York está dando un paso al frente para ayudar a cerrar la brecha y garantizar su acceso continuo a los servicios que necesitan y merecen”.
La inversión de US$7,25 millones, gestionada por la Oficina para Nuevos Americanos (ONA) a través de una coalición liderada por la Federación Hispana, cubrirá servicios legales para aproximadamente 1400 niños y jóvenes inmigrantes no acompañados en Nueva York que enfrentan procesos de deportación. Entre los beneficiarios se encuentran más de 250 menores que permanecen detenidos. La administración estatal señaló que los niños no acompañados presentan una especial vulnerabilidad frente a la trata, el abuso y otras situaciones de riesgo.
La fiscal general del estado, Letitia James, afirmó: “Todo neoyorquino merece un juicio justo y acceso a la justicia, y agradezco a la gobernadora Hochul por tomar la iniciativa de financiar estos servicios legales esenciales”.
Además, Hochul destacó las leyes promulgadas a principios de este año que establecen restricciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estas incluyen: prohibir que los gobiernos locales y la policía estatal o local celebren acuerdos 287(g) con el gobierno federal; prohibir que los funcionarios estatales, locales y federales usen mascarillas para cubrir su rostro al interactuar con el público; permitir a los neoyorquinos interponer demandas contra funcionarios por violación de sus derechos constitucionales; mantener a las autoridades de inmigración fuera de lugares sensibles como hospitales o escuelas; y garantizar el acceso a la educación pública gratuita para estudiantes inmigrantes independientemente de su estatus migratorio.
El presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2027 destinó cerca de US$87 millones a la ONA, lo que equivale a un incremento del 27% respecto del año anterior.