El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Ejecutivo impulsa una nueva norma con mayores garantías jurídicas para los ahorristas. Especialistas en tributación señalaron que la desconfianza sobre la estabilidad del sistema financiero persiste como principal obstáculo.
El Gobierno decidió enviar al Congreso un proyecto para fortalecer la Ley de Inocencia Fiscal luego de comprobar que el ingreso de los llamados «dólares del colchón» al sistema financiero quedó por debajo de las expectativas. La iniciativa busca otorgar mayores garantías jurídicas a los ahorristas, aunque tributaristas coinciden en que el principal obstáculo sigue siendo la desconfianza sobre la estabilidad de las reglas de juego y la seguridad del sistema financiero.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el Ejecutivo decidió impulsar una nueva norma tras recibir observaciones de especialistas tributarios. Según explicó, el objetivo es despejar las dudas que surgieron con la ley vigente y garantizar que quienes incorporen sus ahorros al sistema financiero queden protegidos «independientemente de quién sea el gobierno de turno».
Caputo sostuvo que el Banco Central calcula que hay u$s170.000 millones «debajo del colchón», más de cuatro veces los depósitos en dólares del sistema financiero. «A nivel de país, no nos sirve que la gente tenga dólares debajo del colchón», afirmó, y agregó que formalizar esos fondos permitiría seguir bajando impuestos sin necesidad de subir la presión tributaria.
El jefe del Palacio de Hacienda afirmó que «el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada» y que el propósito sigue siendo que esos fondos puedan formalizarse «sin ninguna penalidad de ningún tipo».
Para Maximiliano Batista, socio de Martínez de Hoz & Rueda, el principal problema no está en la ley sino en la percepción de riesgo que genera el sistema financiero argentino. Según explicó, «el sistema bancario argentino es considerado menos seguro que los de otros países para los depósitos en moneda extranjera» y recordó que la historia económica del país sigue influyendo sobre las decisiones de los ahorristas.
El abogado tributarista Pablo Judkovski expresó una visión similar: «La primera respuesta no es jurídica ni reglamentaria, sino económica», ya que los capitales «migran hacia sistemas más robustos que aún la Argentina no ofrece».
Daniel Ricardo García, director de LexTax Advisory, señaló que la Ley de Inocencia Fiscal mejoró algunos aspectos impositivos, pero «no consiguió eliminar el principal obstáculo: la desconfianza histórica del contribuyente frente al organismo de recaudación tributario». Según datos obtenidos de ARCA, hasta mayo se habían adherido aproximadamente 94.500 contribuyentes.
García consideró que el nuevo texto debería establecer un verdadero efecto liberatorio y coordinar reglas entre ARCA, el Banco Central, la UIF y las entidades financieras. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también reclamó modificaciones, como la suspensión temporal de embargos y ejecuciones fiscales para pymes.
El Gobierno sostiene que esos recursos podrían transformarse en inversión, crédito y crecimiento económico. No obstante, los especialistas consultados coinciden en que, mientras persistan las dudas sobre la estabilidad de las reglas y la solidez del sistema financiero, los dólares seguirán mayoritariamente fuera del circuito formal.
