La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) calificó como insuficiente el comunicado de la Fiscalía sobre la muerte en prisión de Víctor Hugo Quero Navas, y exigió una investigación que aclare las circunstancias del fallecimiento.
La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) calificó como “alarmante” el comunicado de la Fiscalía sobre la investigación de la muerte en prisión del preso político Víctor Hugo Quero Navas. El caso generó conmoción en el país tras confirmarse oficialmente meses después de su fallecimiento, pese a las denuncias de desaparición.
“Es alarmante que el Ministerio Público pretenda hacer pasar un comunicado de pocos párrafos como el resultado definitivo de una investigación real del caso Víctor Quero Navas”, expresó la organización en la red social X.
La JEP advirtió que el documento presentado por la Fiscalía solo podría considerarse aceptable como un avance preliminar, y alertó que, en caso contrario, se trataría de “un intento de carpetazo que carece del más mínimo rigor”.
El comunicado, según la ONG, evita esclarecer las circunstancias de la muerte de Víctor Quero y “genera más preguntas que respuestas”, sugiriendo que fue redactado para proteger la opacidad estatal. La ONG cuestionó que la Fiscalía haya atribuido la causa del fallecimiento a una afección médica sin abordar la posible responsabilidad penal del Estado.
“Si Quero murió por una enfermedad, la obligación es demostrar que si recibió la atención médica debida o si existió una omisión de socorro por parte del personal de custodia, algo que el comunicado ni siquiera menciona”, sostuvo la organización.
El punto más grave del pronunciamiento, según la ONG, radica en el “silencio cómplice” sobre los 16 meses en los que la madre de Quero, Carmen Teresa Navas, buscó información sobre el paradero de su hijo en distintas instituciones sin obtener respuestas. La JEP señaló que el Ministerio Público ignoró “deliberadamente” la cadena de responsabilidades de funcionarios de la propia Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el Poder Judicial y el Ministerio para el Servicio Penitenciario.
La organización exigió una investigación exhaustiva que esclarezca la “desatención médica” y lleve ante la Justicia a todos los responsables de la desaparición y el ocultamiento del preso político.
La Fiscalía informó el martes que la autopsia y los análisis complementarios concluyeron que la muerte de Quero se debió a un tromboembolismo pulmonar, sin evidencias de lesiones traumáticas. “La necropsia de ley, así como los estudios histológicos, toxicológicos y demás experticias complementarias, permitieron dictaminar que el deceso se produjo por un tromboembolismo pulmonar. No se evidenciaron lesiones traumáticas en el cadáver”, indicó el Ministerio Público en un comunicado.
El informe oficial también precisó que la data de muerte se estimó entre 10 meses y un año. El pasado 7 de mayo, el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó que Quero Navas permaneció en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025, fue trasladado a un hospital el 15 de julio tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo” y murió casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.
Diversas ONG, partidos políticos y activistas criticaron que el Gobierno informara sobre la muerte del preso político casi diez meses después, pese a la búsqueda constante de su madre, y reclamaron una investigación con la participación de organismos internacionales.
En este escenario, la ONG Foro Penal denunció que aún hay 409 personas que permanecen detenidas por razones políticas en Venezuela. El balance, difundido a través de la red social X, detalló que entre los privados de libertad se encuentran 375 hombres y 34 mujeres, de los cuales 222 son civiles y 187 militares.
El informe, con fecha de corte al 25 de mayo, señaló que 39 de los presos políticos son ciudadanos extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad. Desde 2014, Foro Penal registró 19.096 detenciones por motivos políticos en Venezuela.
(Con información de EFE)