El diputado entrerriano Guillermo Michel planteó revisar los acuerdos bilaterales con Chile y eliminar beneficios fiscales. Legisladores del Partido Republicano rechazaron la iniciativa y pidieron una respuesta oficial de la Cancillería argentina.
La tensión entre Argentina y Chile por la ruta comercial hacia las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo. Legisladores del Partido Republicano, la fuerza del presidente chileno José Antonio Kast, criticaron al diputado entrerriano Guillermo Michel por su propuesta de revisar los acuerdos bilaterales entre ambos países.
El dirigente peronista había planteado que el Poder Ejecutivo argentino reconsidere dos tratados firmados con Chile y elimine los beneficios fiscales asociados a esos acuerdos comerciales.
El origen de la polémica es el viaje que el buque chileno Danstar tiene previsto realizar en noviembre desde Punta Arenas hacia las islas, una ruta que generó objeciones del lado argentino.
Las respuestas desde Chile
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados chilena, Stephan Schubert, consideró que la propuesta de Michel resulta “bastante irresponsable” y le pidió a la Cancillería argentina que aclare si se trata de una postura oficial del Gobierno, pese a que el proyecto es de un opositor.
El diputado republicano Álvaro Carter, representante de comunas del sur de Santiago como La Florida y Puente Alto, calificó la propuesta como una “agresión directa” a la seguridad jurídica y a los compromisos de respeto mutuo entre los dos países. “Cancillería debe actuar con fuerza y defender los intereses nacionales ante esta nueva provocación argentina y evidente falta de respeto a los tratados vigentes”, reclamó.
En la misma sintonía, la diputada Catalina del Real exigió una “protesta diplomática enérgica”. Por su parte, Alejandro Riquelme, legislador por la región de Magallanes, sostuvo: “Chile no necesita pedirle permiso a nadie para ejercer sus derechos soberanos”.
El cruce se produce días después de que Argentina presentara ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar un pedido para frenar la explotación de hidrocarburos que el Reino Unido autorizó en la zona norte de las islas.