La iniciativa, elaborada por el ministro Sturzenegger, obtuvo el respaldo de la oposición dialoguista; el proyecto quedó en condiciones de ir al recinto la semana próxima.
El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada consiguió dictamen en un plenario de comisiones del Senado y quedó un paso más cerca de su tratamiento en el recinto de la Cámara alta, que el oficialismo pretende convocar dentro de dos semanas.
El proyecto sufrió cambios con relación al texto redactado y defendido en la Cámara alta por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Fue el costo que debió pagar el oficialismo para conseguir el apoyo de la oposición dialoguista.
Entre las modificaciones se destaca la desaparición del capítulo que buscaba eliminar el programa nacional de regulación de tierras en villas y barrios de emergencia que está en manos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Este fue un planteo de la Iglesia Católica en el que coincidieron todos los bloques de oposición.
La bancada libertaria que conduce Patricia Bullrich (Capital) también cedió en las pretensiones de la administración de Javier Milei de aplicar el proceso sumarísimo de desalojo en tres días de viviendas y terrenos, tal cual lo había planteado Sturzenegger en su proyecto.
El dictamen firmado por un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General establece diferencias entre intrusos y usurpadores, y locatarios y tenedores u ocupantes precarios. Los plazos de intimación se amplían a 10 días corridos en aquellos casos en que el locatario haya caído en situación de mora en relación a los términos establecidos en el contrato de alquiler. La entrega inmediata del bien se mantiene solo para los usurpadores.
El último cambio está relacionado con el régimen de tierras rurales. El dictamen le entrega a las provincias la facultad de aprobar las ventas a capitales extranjeros. El proyecto mantiene la prohibición absoluta en la adquisición de tierras en zona de fronteras y, también, por parte de otras naciones o de personas físicas o jurídicas que tengan participación de otros países. En este último caso, la autorización queda en manos de la Nación.
“Hemos receptado una cantidad de modificaciones, tanto propuestos por expositores como por los senadores de todos los bloques”, destacó Bullrich en el inicio del debate, antes de explicar los cambios introducidos en el proyecto remitido al Senado por el Poder Ejecutivo el 27 de marzo.
El kirchnerismo duro rechazó la propuesta del oficialismo con el argumento de que no habían sido consultados con el tiempo suficiente. “Están dejando en indefensión a los senadores, están haciendo circular un dictamen con un montón de modificaciones que no hemos tenido la mínima posibilidad de consultarlo y venir con una posición formada”, afirmó Florencia López (Justicialista-La Rioja), que pidió suspender la reunión.
La reunión continuó y la oficialista Nadia Márquez (Neuquén), presidenta de la Comisión de Legislación General, anunció que el dictamen pasaba para la firma tal cual lo había leído Bullrich. No obstante, la jefa de la bancada oficialista dejó abierta la posibilidad de sumar cambios antes de que se discuta en el recinto.
Desde el peronismo díscolo también se pidió más tiempo para discutir, pero la jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal) destacó que su bancada “hizo los deberes” y planteó una serie de cambios al proyecto que, adelantó, se convertirán en un dictamen de minoría si el oficialismo no aceptaba incorporarlos. Entre los cambios más destacados que planteó Moisés está el de fijar en 180 días el plazo para el desalojo y propuso incluir una autorización por ley provincial de la venta de tierras a compradores extranjeros o asociados con otras naciones.
Como ocurrió con la ley de Glaciares, el kirchnerismo duro también reclamó el llamado a audiencia pública, aduciendo que la iniciativa regula cuestiones que afectan el medio ambiente. “Estamos hablando de la posibilidad de extranjerizar territorios que tiene recursos naturales y ahora lo dejan en manos de las provincias. Lejos está esto de ser federal, esto es un federalismo de fragmentación, antisoberano, eliminan restricciones para vender tierras en zonas de fronteras”, afirmó Ana Marks (Justicialista-Río Negro).
Según explicó Bullrich, también se incluyeron cambios en el capítulo que regula el proceso de expropiaciones, restringiendo las condiciones para que el Estado pueda quedarse, ley del Congreso mediante, con un bien privado. Se le introdujo un límite del 30% del valor del daño emergente como pago en concepto de lucro cesante. Además, se fija de manera taxativa que la tasa de interés que se aplicará para las expropiaciones surgirá de una combinación entre el índice de precios al consumidor (IPC) más la tasa activa del Nación para operaciones de descuento a 30 días.