La producción agrícola argentina se encamina a superar las 150 millones de toneladas, un 20% más que el récord anterior, pero los márgenes de ganancia se ven afectados por costos, clima y presión fiscal.
El camino hacia la cosecha récord está finalmente despejado, pero el éxito en volumen de producción no es correlativo con los resultados económicos. Tras la sequía de enero y las lluvias inoportunas de abril, más los reclamos de transportistas, los granos se están haciendo realidad hacia 150 millones de toneladas, o más, que dejarán un registro un 20% superior al máximo histórico, logrado en la campaña 2021-2022.
Sin embargo, lo primero que debe señalarse es que los rindes son en general buenos, por arriba de los promedios en la mayoría de las zonas, pero hay campos donde las precipitaciones pasaron de largo y los rendimientos por hectárea son exiguos. Con todo, tras el batacazo del trigo y la cebada, el maíz temprano ya está en los acopios, en los puertos o en los barcos, el girasol se está terminando de cosechar con sorpresas positivas que llevan la producción a 6,5 millones de toneladas, según el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
La soja gana ritmo de recolección, con altos rendimientos promedio de 40 quintales por hectárea en una amplia región del norte y oeste bonaerense, noreste pampeano, sur santafesino y sudeste cordobés. Este lunes se conocerá la liquidación de divisas de abril, que despertará sonrisas en el Gobierno, de la mano del maíz, que es otra vez el cultivo más voluminoso. Todavía falta casi la mitad de la cosecha, la de siembras tardías, pero oscilaría en torno a 65 millones de toneladas, más que nunca para cualquier cultivo en la historia agronómica argentina.
La otra cara de la moneda es la rentabilidad del negocio agrícola, porque conviven hoy dos miradas sobre el agro, según advirtieron los consultores Teo Zorraquín y Alejandro Meneses. Por un lado, ven grandes números que sugieren un sector fortalecido y, por otro, la realidad operativa de las empresas, que refleja tensiones crecientes y resultados cada vez más ajustados o directamente negativos. Evaluaron que las empresas agrícolas enfrentan hoy un escenario donde el problema ya no es únicamente productivo. La combinación de problemas climáticos, presión sobre costos, apreciación cambiaria, tensiones logísticas y ruido político empieza a configurar un contexto de mayor complejidad.
En ese contexto, una de las entidades de la Mesa de Enlace volvió a plantear la necesidad de reducir las retenciones, puntualmente para el trigo, que pronto comenzará su temporada de siembra y está acosado por los costos de los fertilizantes. La central cooperativa Coninagro propone la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX) al trigo, que actualmente cuentan con una alícuota del 7,5%. Sobre un precio FOB proyectado a cosecha de 240 US$/tn, las retenciones representan una quita de 18 US$ por tonelada. Puntualizaron que bajo un rendimiento promedio de 40 qq/ha, la eliminación de este impuesto generaría un beneficio directo de 72 US$/ha para el productor, permitiendo cubrir el 65% del incremento de costos provocado por la crisis en Medio Oriente.
Asumieron que desde la perspectiva del Estado, la eliminación de los DEX para la campaña 2026/27 implicaría una resignación fiscal estimada en US$ 232 millones, considerando una exportación proyectada de 12,9 millones de toneladas, con impacto fiscal a partir de diciembre de 2026. Y sobre el remanente de la campaña actual —restan declarar ventas al exterior por 5,5 millones de toneladas— tendría un impacto de 93,6 millones de dólares para lo que resta del año. La entidad enfatizó que esta oportunidad no debe verse como un gasto, sino como una inversión necesaria para garantizar la siembra y exportaciones superiores a los US$ 3.000 millones para la próxima campaña, frente a un escenario geopolítico volátil que está reconfigurando los costos globales de la energía y los alimentos.