El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la administración Trump ha encontrado obstáculos para cumplir su meta anual de expulsiones, a pesar de reportar cifras significativas de deportaciones y autodeportaciones.
El plan de deportaciones masivas impulsado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante el segundo mandato de Donald Trump enfrenta restricciones que afectan su implementación. A pesar de los datos difundidos por el organismo, distintos factores limitan el alcance de la política migratoria.
Según cifras oficiales, más de 675 mil personas sin estatus legal fueron deportadas de Estados Unidos en el primer año de gestión, aunque el objetivo anual fijado por la administración era de un millón de expulsiones. Por otro lado, otras 2,2 millones se autodeportaron. El DHS sostuvo que su estrategia priorizó la expulsión de personas con antecedentes penales.
Dentro de las operaciones recientes, se informó la detención de más de mil inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en solo 14 días bajo la Operación Honor del Ángel, amparada en la Ley Laken Riley. Para ampliar la capacidad operativa, el organismo incrementó su personal y firmó acuerdos con autoridades locales.
Un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado analizó el funcionamiento del programa de traslados a terceros países. El documento indicó que los costos asociados fueron elevados en relación con la cantidad de personas trasladadas, superando en algunos casos el millón de dólares por migrante. Se estima que el total de los gastos asumidos por el gobierno de EE.UU. en estas operaciones hasta enero de 2026 superó los US$40 millones.
Las políticas migratorias implementadas fueron objeto de demandas en tribunales federales. Algunas decisiones judiciales cuestionaron la legalidad de enviar migrantes a países distintos a los de origen sin procedimientos previos, ordenando garantizar instancias para que los afectados presenten objeciones.