El presidente Javier Milei aceptó entregarle a la justicia de los Estados Unidos los chats de ex funcionarios de su propio gobierno y de la gestión de Alberto Fernández en el marco de la causa por la expropiación de YPF.
La orden de la jueza Loretta Preska implica entregar correos electrónicos, chats de WhatsApp y otras comunicaciones de altos funcionarios. La solicitud forma parte del pleito judicial que discute si YPF es un alter ego del Gobierno o si funciona como una firma que no está supeditada a las órdenes de funcionarios del Ejecutivo. En otras palabras, si una entidad es lo mismo que la otra entidad.
Al filo de que se cumpliera el plazo máximo estipulado por Preska, la Argentina resolvió acatar la orden. Los abogados que representan al país presentaron un escrito en el que expresaron que entregarán esas comunicaciones de altos funcionarios, pero le solicitaron más tiempo para hacerlo.
“Los dos funcionarios de los que se sabe que pidieron son Sergio Massa y Luis Caputo”, señaló Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y experto en litigios contra el país en el exterior. El listado completo de funcionarios no trascendió hasta el momento.
Fuentes al tanto del litigio señalaron que esto muestra buena disposición de la Argentina y que la cuestión deberá ser resuelta por la jueza Preska o en una nueva audiencia. Hasta el momento, tiene fecha para el 4 de noviembre.
“Una vez que la Argentina haya entregado las comunicaciones, no significa necesariamente que estén completos, satisfactorios”, indicó Maril. Es decir, en esta cuestión también será relevante, además de las fechas y los nombres, el modo en que el país entregará la información solicitada por Preska.
La decisión de la jueza alude a las “off channel communications”. Tal cual indicó Maril, esto implicaría la entrega de “todas las decisiones, comunicados, actos gubernamentales relacionados y realizados por funcionarios argentinos mediante WhatsApp, emails, que la Argentina dice que no son elementos oficiales, deben ser producidos y entregados de cualquier manera”.
Este expediente, conocido como “discovery”, busca determinar si son alter ego de la República Argentina Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Arsat y el Banco Central, además de YPF. Se trata de la búsqueda de activos del país para que los demandantes puedan cobrar la sentencia.
La cuestión de fondo es la condena por 16.100 millones de dólares contra la Argentina en la causa por la expropiación de YPF, que el país apeló. En caso de que esa sentencia quedara firme y el Estado se negara a pagar dicha suma, la Justicia podría avanzar contra los bienes declarados “alter ego”, que devienen del expediente conocido como “discovery”.
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