En Los Ángeles, activistas y defensores de los jornaleros impulsan una campaña nacional para frenar los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en estacionamientos de Home Depot. La exigencia busca que la empresa impida el acceso a sus propiedades sin una orden judicial, en un contexto de creciente temor entre trabajadores inmigrantes que buscan empleo diario en estas tiendas.
Cada mañana, cientos de trabajadores llegan a diferentes sucursales de Home Depot, una de las mayores cadenas minoristas de Estados Unidos, para buscar empleo temporal. Sin embargo, muchos permanecen menos tiempo o intentan confundirse entre los clientes para evadir redadas migratorias.
De acuerdo a Los Angeles Times, casos como el de Jacinto Ortega, residente de South Gate desde hace 15 años, reflejan el impacto humano entre los habitantes. “He visto a varios de mis compañeros ser arrestados. Yo ya me he tenido que echar a correr para que no me agarren”, relató.
Según el National Day Laborer Organizing Network (NDLON), existen entre 120 mil y 150 mil jornaleros en al menos 22 estados de Estados Unidos. Su presencia es vital para distintos sectores de la economía, aunque los coloca en el centro de una vulnerabilidad creciente.
Por este motivo, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) presiona a Home Depot para que establezca una política corporativa nacional que niegue la entrada a agentes del ICE a sus estacionamientos salvo que presenten una orden judicial válida y brinden aviso previo.
Roman Palomares, presidente nacional de esta antigua organización de derechos civiles latinos en Estados Unidos, afirmó que, con su tamaño e influencia, la compañía “no puede adoptar una postura neutral: no actuar equivale a complicidad”.
“Home Depot se beneficia del trabajo y de las comunidades que hoy son atacadas. Deben decidir si será recordada como la que protegió a sus clientes y comunidades, o como la que guardó silencio mientras el miedo se expandía en su nombre”, declaró Palomares.
Por su parte, Ortega explicó que, al tener miedo de ir a Home Depot, tuvo que sacar dinero de sus ahorros para pagar el alquiler. “He tenido que comprar menos comida para el hogar y dejar de pagar mi iPhone”, sostuvo.
Sin embargo, también dejó en claro que otros de sus compañeros fueron más perjudicados por las redadas del ICE y la falta de acción de la empresa minorista: “Yo no estoy tan afectado como a los amigos que ‘la migra’ logró detener y encarcelar”.
La LULAC advierte que la situación tiene consecuencias más amplias. Juan Proaño, CEO de la organización, destacó que, en 2022, los migrantes latinos generaron US$3600 millones en producción económica, equivalentes a la quinta economía mundial.
De acuerdo a Proaño, con apenas el 19% de la población, los latinos aportaron el 41% del crecimiento real del Producto Bruto Interno (PIB, por sus siglas en inglés). Y agregó: “Pero hoy, los trabajadores esenciales latinos viven con temor de ir a laborar. Ese miedo amenaza nuestra economía y el bienestar de cada estadounidense”.
Los activistas remarcan que existen precedentes de empresas e instituciones que se plantaron ante los agentes migratorios:
Palomares sostuvo que la empresa debería seguir esos ejemplos: “Home Depot tiene la oportunidad de liderar a escala nacional. No actuar solo perpetúa la intrusión descontrolada del ICE en los vecindarios. El momento de actuar es ahora”.