Diez integrantes de la Policía del Chaco iniciaron su juicio oral en Resistencia por el operativo realizado el 31 de mayo de 2020 en el barrio Banderas Argentinas. Entre los acusados se encuentra Claudia Lucena, ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025 cuando la causa ya estaba elevada a juicio.
Diez integrantes de la Policía del Chaco comenzaron a ser juzgados este lunes en Resistencia por el operativo contra jóvenes qom de Fontana. El debate corresponde a la causa 12.386/2020-1 y se desarrolla ante la Cámara Segunda en lo Criminal.
El episodio ocurrió el 31 de mayo de 2020 en el barrio Banderas Argentinas. Según la acusación, efectivos ingresaron a una vivienda sin orden judicial y agredieron a jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente. Las denuncias también describen agresiones, amenazas de muerte e insultos racistas durante la permanencia en la Comisaría Tercera de Fontana.
Entre los acusados está Claudia Beatriz Lucena, quien dirigía esa comisaría al momento de los hechos. Enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal cometida por funcionario público. La acusación le atribuye no haber puesto a una adolescente detenida a disposición del juzgado correspondiente y no haber denunciado las vejaciones que habría presenciado en su unidad.
El decreto 974/25, firmado por el gobernador Leandro Zdero el 13 de junio de 2025, dispuso la promoción de Lucena de comisario inspector a comisario mayor, con vigencia retroactiva al 1 de enero de ese año. La propuesta fue presentada por el jefe de la fuerza, Fernando Romero, y contó con avales administrativos. La oficial estaba imputada desde septiembre de 2021 y la causa había sido elevada a juicio en abril de 2022.
Los otros nueve policías afrontan distintas combinaciones de cargos, entre ellos vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, falsedad ideológica y detención ilegal. Las imputaciones deben ser examinadas por el tribunal y no constituyen una condena.
El proceso llegó a su primera audiencia después de sucesivas reprogramaciones. La última postergación se produjo en septiembre por el cambio de defensor de uno de los imputados. El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que interviene como querellante institucional, había cuestionado las demoras.