La Cámara alta analizará este miércoles dos iniciativas sobre el mercado voluntario de créditos de carbono, en el marco de las negociaciones con bloques dialoguistas para ampliar el temario de la próxima sesión.
Buenos Aires, 19 de agosto (NA) – El Senado debatirá este miércoles dos proyectos de ley sobre el mercado voluntario de carbono, impulsados por las senadoras Flavia Royón (Primero los Salteños) y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones). Las iniciativas serán analizadas desde las 10 en un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Legislación General y Presupuesto y Hacienda.
El tratamiento de estos proyectos se da en un contexto de negociaciones entre el oficialismo y los bloques aliados (UCR, PRO y provinciales) para definir el temario de una próxima sesión, prevista para los primeros días de septiembre. Según fuentes parlamentarias, los bloques dialoguistas solicitaron ampliar la agenda de temas a tratar, que inicialmente incluía la denominada Ley Hojarasca y pliegos de funcionarios.
Los proyectos de ley establecen presupuestos mínimos de protección ambiental para el desarrollo del mercado voluntario de créditos de carbono. Entre los puntos principales, se dispone la creación del Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), donde deberán inscribirse los proyectos que pretendan emitir, transaccionar o retirar créditos de carbono en Argentina.
Además, se regula el sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y se establece que los créditos deberán ser verificados por Entidades de Validación y Verificación (VVBs) acreditadas ante el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) o estándares internacionales.
En materia impositiva, los proyectos contemplan que los ingresos derivados de la primera venta de créditos de carbono estarán exentos del Impuesto a las Ganancias por un período de cinco años, excepto aquellos alcanzados por el RIGI. Asimismo, se prevé una amortización de tres años para inversiones en tecnología de monitoreo y una estabilidad fiscal de quince años para los proyectos registrados.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que supervisará el cumplimiento de la ley y coordinará su implementación con las provincias.