Una declaración presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció un deterioro en la situación del ciudadano ruso Konstantin Rudnev y advirtió sobre riesgos de represión transnacional.
Buenos Aires, 7 de julio de 2026. El caso del ciudadano ruso Konstantin Rudnev, imputado por presunta trata de personas, fue abordado en una declaración escrita presentada ante el 62° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El documento, registrado bajo la signatura A/HRC/62/NGO/235 y publicado el 10 de junio de 2026 en el sitio oficial del organismo, fue presentado por las organizaciones no gubernamentales United for Human Rights y la Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience (CAP LC).
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la presentación expresa preocupación por la posible influencia de desinformación originada en la Federación Rusa sobre el proceso judicial argentino.
Uno de los ejes centrales del texto apunta a la conducta de la fiscalía. Señala que tres decisiones judiciales ordenaron el traslado de Rudnev, quien padece fibrosis pulmonar severa, desde una cárcel de máxima seguridad al arresto domiciliario, pero en cada oportunidad los fiscales apelaron y bloquearon la implementación. La tercera orden fue ejecutada.
Las organizaciones firmantes sostienen que esa negativa persistente a ejecutar órdenes judiciales plantea cuestionamientos sobre el estado de derecho en Argentina.
El escrito subraya que Rudnev sigue siendo el único imputado de su causa que continúa bajo arresto, ahora en modalidad domiciliaria, pese a la ausencia de pruebas en su contra y a su frágil estado de salud.
La declaración invoca el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que exige que la prisión preventiva sea excepcional y esté justificada por evidencia concreta. También cita el Conjunto de Principios de la ONU para la protección de personas detenidas y las Reglas Nelson Mandela.
En cuanto al fondo de la causa, el texto afirma que las denuncias no han sido corroboradas, que los exámenes forenses desmintieron acusaciones de tráfico de drogas y que no se encontró evidencia de un grupo organizado o actividad criminal.
La presentación inscribe el caso en un contexto más amplio. Señala que la legislación argentina contiene una definición amplia del delito de trata, que los fiscales buscan expandir, apuntando contra organizaciones religiosas y espirituales estigmatizadas como sectas. Aporta un dato estadístico: las personas en prisión preventiva representan casi el 50% de la población carcelaria argentina.
El documento dedica un capítulo al origen de las acusaciones. Sostiene que durante décadas autoridades rusas y medios alineados presentaron a Rudnev como líder de una secta. Recuerda que académicos y organismos de derechos humanos documentaron el uso de métodos similares por tribunales rusos para reprimir a minorías religiosas.
Según la presentación, esa narrativa siguió a Rudnev a Montenegro y luego a Argentina. Las ONG sugieren que el daño reputacional exportado desde Rusia influyó en el comportamiento institucional argentino.
La declaración cierra con una advertencia sobre la necesidad de proteger a las personas frente a la represión transnacional y el uso indebido de sistemas legales para silenciar voces disidentes.
Por otro lado, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la prisión domiciliaria de Rudnev al considerar que persistía el riesgo de fuga. La defensa presentó una denuncia disciplinaria ante la Procuración General de la Nación contra los fiscales Oscar Fernando Arrigo, Tomás Labal y Gustavo Révora por presuntas irregularidades en la investigación.