Senadores estatales impulsan una contrapropuesta presupuestaria para bloquear un programa de la Junta de Recursos del Aire que entrega permisos de contaminación gratuitos, exigiendo garantías para fondos de vivienda, transporte, agua potable y aire limpio.
Los demócratas del Senado de California impulsan una contrapropuesta presupuestaria para bloquear un nuevo programa de la Junta de Recursos del Aire de California respaldado por el gobernador Gavin Newsom, que otorga permisos de contaminación gratuitos a refinerías de petróleo.
Según informó Cal Matters, la presidenta del subcomité de presupuesto climático del Senado, Eloise Gómez Reyes, afirmó que no se efectúa el cumplimiento estricto de los acuerdos económicos previamente pactados. La propuesta, denominada “Acuerdo es Acuerdo”, busca congelar las partidas destinadas a las prioridades del gobernador si por ello se reducen los recursos comunitarios.
El plan de los legisladores relegaría los fondos para el tren de alta velocidad, Cal Fire y otras prioridades de Newsom. El senador Jesse Arreguín cuestionó los recortes en áreas como la edificación de viviendas asequibles cerca de los sistemas de transporte público. El legislador Scott Wiener criticó la influencia de la industria petrolera en la determinación de las políticas estatales actuales.
La iniciativa del Senado condiciona la emisión de los nuevos permisos industriales. Para ello, se deberá conseguir la certificación del Departamento de Finanzas y demostrar que la medida no afectará los programas locales de suministro de agua potable y monitoreo del aire.
El plan gubernamental reformó el mercado de carbono bajo el nombre de “límite e inversión” con vigencia programada hasta el año 2045. La Junta de Recursos del Aire de California aprobó la entrega de permisos de contaminación gratuitos por hasta 4000 millones de dólares. El programa, que entrará en vigor el 1° de septiembre, otorga estos derechos de emisión a corporaciones que asuman compromisos de inversión en energías limpias y eficiencia energética. Las refinerías de combustibles fósiles recibirán la mitad de los beneficios económicos establecidos en este nuevo esquema de descarbonización.
La portavoz de la junta ambiental, Lindsay Buckley, afirmó que el diseño del plan busca reducir la contaminación de una manera rentable para el comercio. La funcionaria defendió las salvaguardias del programa, que obligan a las empresas a devolver los permisos si incumplen los objetivos.
Las proyecciones de la Oficina del Analista Legislativo señalan que los ingresos anuales por subastas ambientales caerán de 4000 a US$2000 millones. Esta reducción genera un estancamiento político que podría prolongarse durante todo el verano entre el Ejecutivo y el Senado.
De acuerdo con Cal Matters, la disputa afecta propuestas clave como un subsidio de US$200 millones para vehículos eléctricos presentado en enero. El Senado también rechazó un crédito fiscal para combustibles de aviación sostenibles que beneficiaría directamente a la refinería Phillips 66.
La defensora de justicia ambiental Katie Valenzuela consideró que la medida abarca un subsidio “injustificado” para los beneficiarios. Los analistas advierten que estos cambios normativos ponen en riesgo las metas legales de reducción de emisiones fijadas para 2030.