La Fundación Mediterránea avaló la reducción de subsidios al gas impulsada por el Gobierno nacional, aunque advirtió sobre posibles consecuencias sociales y políticas si la aplicación es abrupta.
En medio del avance del Gobierno nacional sobre el régimen de Zona Fría, la Fundación Mediterránea respaldó conceptualmente la reducción de subsidios al gas impulsada por la administración de Javier Milei, pero alertó sobre el impacto social que podría generar una aplicación abrupta del nuevo esquema tarifario.
El planteo surgió de un informe técnico elaborado por el IERAL, el brazo económico de la Mediterránea, donde se sostiene que la ampliación del beneficio aprobada en 2021 “desnaturalizó” el régimen original y terminó generando subsidios generalizados sin criterios claros de segmentación.
Según estimaciones oficiales citadas en el análisis, alrededor de 2,2 millones de personas, equivalentes a unos 700 mil hogares, acceden actualmente al beneficio ampliado que reduce las tarifas de gas. El informe considera que el esquema debe avanzar hacia una lógica de subsidios más focalizados y orientados a sectores vulnerables.
La Fundación Mediterránea sostiene que el esquema vigente acumuló “distorsiones severas” y cuestiona especialmente el carácter universal que tomó la ampliación del régimen durante el gobierno de Alberto Fernández. El trabajo señala que el sistema actual se financia mediante un recargo del 7,5% sobre las facturas de gas de todos los usuarios del país.
El documento establece diferencias entre la Patagonia histórica —donde el beneficio se justifica por condiciones climáticas extremas— y provincias incorporadas posteriormente, como Córdoba, donde el instituto entiende que el subsidio debería limitarse únicamente a hogares vulnerables.
Además, el informe acompaña otro de los cambios que impulsa el Gobierno nacional: modificar la base sobre la cual se aplica el descuento. La iniciativa oficial propone que el beneficio deje de calcularse sobre la tarifa total y pase a impactar únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
Pese al respaldo general a la reducción de subsidios, la Mediterránea evitó alinearse completamente con la estrategia de shock del Gobierno nacional. El informe advierte que una aplicación acelerada del nuevo esquema podría provocar “aumentos tarifarios abruptos” y generar un fuerte impacto social.
Entre las recomendaciones aparecen mecanismos de convergencia gradual, límites a los incrementos por factura y revisiones específicas para sectores vulnerables. En el Centro Cívico estiman que, si se elimina el beneficio actual, algunas facturas podrían sufrir incrementos de entre 42% y 100%.
La posición de la Fundación Mediterránea refleja una tensión que atraviesa hoy buena parte del establishment económico local. Por un lado, existe coincidencia con el objetivo de ordenar subsidios y sostener el equilibrio fiscal. Por otro, aparece preocupación por el costo político y social que puede generar una aceleración del ajuste tarifario.