El titular del Consejo Interuniversitario Nacional afirmó que la sentencia debe ejecutarse sin demora, marcando un punto de inflexión en el conflicto por los recursos del sistema educativo superior.
En el programa «QR!» de Canal E, el conductor Pablo Caruso entrevistó a Oscar Alpa, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quien se refirió al fallo judicial que ordena al Gobierno avanzar con la implementación de la ley de financiamiento universitario. Durante la entrevista, Alpa sostuvo que la sentencia debe cumplirse de forma inmediata, incluso si el Ejecutivo decide apelar ante la Corte Suprema. «No tiene efectos suspensivos, tiene que empezar a ejecutarlo», explicó.
El titular del CIN señaló que la medida cambia el escenario del conflicto universitario, que venía marcado por paros docentes y reclamos salariales. En ese sentido, indicó que ahora el Gobierno debería convocar a paritarias y avanzar con la recomposición de ingresos. Según detalló, la ley establece que los salarios deben actualizarse en base al índice de precios al consumidor, algo que —aseguró— no se cumplió en los últimos meses. También incluye la actualización de las becas estudiantiles, otro de los puntos centrales del reclamo.
Alpa advirtió que la situación en las universidades es crítica. Indicó que en los últimos 26 meses hubo una caída cercana al 50% del presupuesto, tanto en salarios como en gastos de funcionamiento. «Los sueldos de docentes y no docentes están por debajo de la pobreza», afirmó.
El rector también destacó la unidad de la comunidad universitaria frente al conflicto. Señaló que rectores, docentes, no docentes y estudiantes se mantuvieron alineados en el reclamo, pese a las diferencias internas. «Como nunca, la comunidad universitaria estuvo junta», remarcó.
En ese marco, no descartó nuevas medidas de fuerza si el Gobierno no avanza con la aplicación del fallo. Aunque aclaró que el escenario podría cambiar si se abre una instancia de diálogo y negociación. El conflicto por el financiamiento universitario suma así un nuevo capítulo, con una sentencia judicial que presiona al Ejecutivo y con las universidades a la expectativa de su cumplimiento.