Martín Menem deberá administrar la disputa entre Pro y Provincias Unidas por una banca en el Consejo de la Magistratura y el régimen de biocombustibles, mientras busca reunir los votos para aprobar el presupuesto 2027.
Martín Menem llegará a la última semana del período ordinario con dos aliados que mantienen intereses contrapuestos. A pocos días de que el oficialismo intente aprobar el presupuesto 2027, el presidente de la Cámara de Diputados deberá administrar la disputa entre Pro y Provincias Unidas, el espacio que integran los legisladores que responden a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
La disputa gira alrededor de dos cuestiones: una banca en el Consejo de la Magistratura y el tratamiento de un nuevo régimen de biocombustibles. Menem postergó la definición sobre el primero, pero no resolvió el conflicto de fondo.
La Libertad Avanza (LLA) cuenta con 95 diputados, Pro reúne 12 y Provincias Unidas, 18. El oficialismo necesita reunir 129 legisladores para garantizar el quorum e imponerse en votaciones.
El próximo desafío de Menem será conseguir los votos para aprobar el presupuesto 2027, que el Gobierno pretende llevar al recinto la próxima semana. El oficialismo cuenta por ahora con alrededor de 126 votos favorables.
Los gobernadores mantienen reclamos propios sobre el presupuesto. Provincias Unidas presentó un dictamen alternativo que exige mayores recursos para las universidades, garantías para el financiamiento de la ley de discapacidad, una reducción del impuesto a los combustibles para el transporte público en el interior y respuestas por las obras viales. También reclamaron las deudas con las cajas previsionales y la restitución del Plan Remediar.
Las diferencias también alcanzan al proyecto de Malvinas, que el oficialismo evalúa volver a llevar al recinto el próximo jueves en una sesión no confirmada. El bloque cuestiona algunas atribuciones del Consejo de Asuntos Estratégicos, por considerar que podrían superponerse con competencias provinciales, y mantiene objeciones al capítulo sobre injerencia extranjera.
La semana pasada, los gobernadores demostraron que están dispuestos a hacer valer sus votos. Legisladores de Córdoba y Santa Fe se negaron a dar quorum para la sesión en la que el Gobierno pretendía avanzar con la ley de Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Permanecieron de pie junto a sus bancas hasta que la sesión fue levantada. “Que sepan que no tienen el quorum sin nosotros”, dijo un referente del cordobesismo. “No nos dieron ninguna respuesta a nuestros reclamos”, sintetizó.
El primer foco de conflicto es la designación del cuarto representante de Diputados ante el Consejo de la Magistratura. Según la legislación vigente, dos lugares corresponden a la primera minoría parlamentaria y los otros dos se distribuyen entre la segunda y la tercera.
Los gobernadores consideran que esa última banca les corresponde por ser la tercera fuerza de la Cámara, con 18 diputados. Su candidato es el cordobés Juan Brugge. Pro postula a Florencia De Sensi y argumenta que, aunque cuenta con menos legisladores propios, integra un interbloque con la UCR y otras fuerzas que suma 22.
Menem envió a la Corte Suprema los nombres de los primeros tres representantes y dejó vacante el cuarto lugar. “Nosotros vamos a seguir reclamando ese lugar”, advirtió un referente de Pro. Brugge presentó un amparo para judicializar una eventual designación de De Sensi.
El segundo capítulo del enfrentamiento gira alrededor del nuevo régimen de biocombustibles. Los legisladores de Córdoba, Santa Fe y el norte impulsan la aprobación de la media sanción del Senado, mientras que los bonaerenses de Pro reclaman mayores protecciones para las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel.
El proyecto eleva del 7,5% al 10% el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil y del 12% al 15% el de bioetanol en las naftas. El principal desacuerdo está en cómo se repartirá el mercado entre las grandes aceiteras y las pequeñas empresas independientes, que actualmente tienen reservado el corte obligatorio de biodiésel. La iniciativa abre progresivamente ese negocio a la competencia de las grandes productoras y mantiene una cuota protegida del 4% para las pymes hasta 2036. Pro exige ampliar esa reserva al 6% y elevar el corte obligatorio al 11%.
Durante la última reunión plenaria de comisiones, los diputados bonaerenses de Pro frenaron el dictamen y reclamaron modificaciones. “Entre los movimientos del Pro y las dudas del Gobierno, nos quedamos sin dictaminar”, cuestionó el cordobés Carlos Gutiérrez en X.
Según pudo saber LA NACION, poco antes de la sesión fallida, la santafecina Gisela Scaglia preguntó al jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, si el proyecto sería incluido en el temario de extraordinarias. La respuesta fue que todavía no estaba confirmado, pese a que Scaglia ya había acordado con Menem acelerar su tratamiento.
