La administración Trump anunció una rescisión presupuestaria de casi US$1000 millones en gasto federal aprobado por el Congreso, que afecta a programas de apoyo para refugiados, asilados, menores no acompañados y familias migrantes.
La administración Trump anunció una rescisión presupuestaria de casi US$1000 millones en gasto federal aprobado por el Congreso. Este recorte incide en programas de apoyo para refugiados, asilados, menores no acompañados y familias migrantes.
Qué se sabe de la cancelación de casi US$1000 millones destinados a inmigrantes
La suspensión presupuestaria fue informada por la Casa Blanca a través de un comunicado de prensa. Allí, aseguraron que la medida busca eliminar gastos “superfluos y perjudiciales” que no benefician a los ciudadanos estadounidenses.
“[Donald Trump] continúa su compromiso con el contribuyente estadounidense al aplicar una rescisión de bolsillo para otros casi mil millones de dólares del gasto público más perjudicial”, detalló el escrito.
En ese contexto, la administración Trump determinó que sus políticas de control fronterizo redujeron los cruces irregulares, lo que genera un exceso de fondos no necesarios en las cuentas gubernamentales.
Qué programas para inmigrantes quedan afectados por el recorte de presupuesto
Según el documento de la Casa Blanca, hay cinco programas que se ven afectados por el recorte presupuestario. Estos se dividen de la siguiente manera:
Servicios del HHS para no ciudadanos
Los planes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) constituyen el recorte más extenso y eliminan fondos a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que prestaban atención a refugiados, asilados y menores no acompañados. Entre los casos citados destacan:
- US$40 millones retirados a Southwest Key Programs, tras alegar que enfrentó demandas del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) por acusaciones de acoso contra menores bajo su custodia.
- US$3,9 millones rescindiendo contratos con Endeavors Inc. al criticar el gasto en terapias asistidas con mascotas, horticultura y música para niños migrantes.
- US$2,1 millones a Lutheran Immigration and Refugee Service Inc.
Programas de bienestar e integración del DHS
Se eliminan US$15 millones de subvenciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) destinadas a brindar asistencia básica a no ciudadanos mientras permanecían en el país sin supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esta medida afecta de forma directa el acceso a vivienda asequible, cuidado infantil, transporte, atención médica, salud mental, escolarización, clases de idiomas y orientación cultural.
Asistencia jurídica e ingreso de extranjeros del DHS
Se suspende la financiación de hasta US$10 millones a ONGs de servicios legales que ayudaban a inmigrantes indocumentados en sus trámites migratorios.
Entre las entidades afectadas se encuentran el National Partnership for New Americans (US$876 mil), Instituto del Progreso Latino (US$450 mil), Immigration Institute of the Bay Area (US$300 mil) y Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition (US$300 mil).
Programas educativos para estudiantes migrantes
Se rescinden fondos de los Programas Especiales para Estudiantes Migrantes del Departamento de Educación. Afecta a organizaciones como Immigrants Rising, que ofrecen talleres de salud mental para lidiar con el estrés de DACA.
Subvenciones del HUD e investigación en salud
Se cancelan US$56 millones en asesoría de vivienda a ONG comunitarias como UnidosUS y la National Urban League. Asimismo, en la Oficina de Salud de las Minorías (OMH, por sus siglas en inglés) del HHS, se retiran $1,2 millones dedicados a estudiar disparidades en la salud mental de jóvenes con dominio limitado del inglés.
Reacción al nuevo recorte presupuestario
La medida de Trump fue rechazada por la senadora Susan Collins, republicana por Maine, que se encuentra en campaña de reelección y es presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara Alta.
En un comunicado, afirmó que va a trabajar con sus colegas para abordar “acciones ilegales”.
“El retraso en sí mismo no solo constituye una retención de fondos que no se informó al Congreso, sino que también es una usurpación de sus facultades en materia de asignaciones presupuestarias”, dijo en su cuenta de X.