El acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela contempla el desarrollo de campos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles, lo que otorgaría a Washington acceso a un volumen cercano a los 111.000 millones de barriles, comparable al de Emiratos Árabes Unidos y superior al de Kuwait.
El nuevo acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela establece el desarrollo de campos venezolanos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo. Según estimaciones citadas, Estados Unidos cuenta con alrededor de 46.000 millones de barriles de reservas probadas. Al sumar ambos volúmenes, Washington tendría reservas propias o acceso de largo plazo a unos 111.000 millones de barriles.
La cifra resulta prácticamente equivalente a los 113.000 millones de barriles de Emiratos Árabes Unidos y supera los aproximadamente 101.500 millones de Kuwait, dos integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
El acuerdo otorgaría a compañías estadounidenses acceso y derechos de producción de largo plazo sobre determinados yacimientos venezolanos, sin que los barriles pasen a formar parte de las reservas estadounidenses.
Según los detalles conocidos, el entendimiento tendría una vigencia de 25 años y abarcaría 17 campos estratégicos, ubicados en áreas como la Faja Petrolífera del Orinoco y el Lago de Maracaibo.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que los campos involucrados tienen un potencial probado de 65.000 millones de barriles y que el esquema contempla alcanzar una producción de 1,5 millones de barriles diarios. Además, se proyectan más de u$s100.000 millones de inversión privada, mientras que los derechos de producción quedarían principalmente en manos de empresas estadounidenses y buena parte del crudo tendría como destino ese mercado.
El presidente Donald Trump anticipó que parte del petróleo venezolano será utilizado para recomponer las Reservas Estratégicas de Petróleo de Estados Unidos, y aseguró que el proceso comenzará “muy pronto”.
El entendimiento enfrenta interrogantes, entre ellos la seguridad jurídica de las inversiones a largo plazo y la continuidad del esquema una vez que finalice la administración Trump. Según los análisis citados, la posibilidad de impugnaciones legales y un eventual cambio de política energética bajo una futura administración podrían condicionar las decisiones de las compañías estadounidenses.