La causa judicial que involucra a la empresaria María Soledad Calle sumó nuevos elementos: registros de propiedades, vehículos y movimientos migratorios. El expediente se originó por una denuncia contra el acuerdo entre la UOM y la empresa USEM.
La investigación judicial que tiene en la mira a María Soledad Calle, empresaria vinculada a La Cámpora y cercana al ex jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Abel Furlán, incorporó nuevos elementos en los últimos días. A la causa se sumaron datos sobre propiedades, vehículos y movimientos internacionales de Calle, además de pedidos para profundizar el análisis sobre el patrimonio de los principales involucrados.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por dirigentes opositores a Furlán por el acuerdo celebrado entre la UOM y USEM, una empresa vinculada a Calle y a Adalberto Raúl Braconi. Según la presentación judicial, ese contrato le habría otorgado a la compañía un amplio control sobre la administración de los fondos del sindicato.
La causa cobró mayor exposición luego de que trascendiera que Calle había adquirido el departamento ubicado debajo del que ocupa Cristina Kirchner en el edificio de la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución. La operación habría sido declarada por unos USD 189.000. A partir de esa información, los denunciantes solicitaron a la Justicia que se analice incluso la posibilidad de allanar esa propiedad.
El contrato que quedó bajo investigación
La denuncia fue impulsada en febrero por Ángel Derosso, quien había competido contra Furlán en las elecciones de la seccional Zárate-Campana de la UOM, posteriormente anuladas por la Justicia por irregularidades. Junto con otros dirigentes de la Agrupación Metalúrgica 25 de Febrero Azucena Villaflor, cuestionó el acuerdo mediante el cual USEM comenzó a intervenir en la administración de recursos sindicales.
De acuerdo con lo planteado en el expediente, desde febrero de 2023 la empresa tenía facultades para manejar aproximadamente el 80% de los aportes sindicales, además de abrir cuentas en nombre del gremio, efectuar pagos y administrar parte de la caja de la organización.
El contrato establecía para USEM honorarios equivalentes al 0,5% de la totalidad de la recaudación proveniente de las cuotas sindicales y contemplaba una vigencia de diez años. Otro de los puntos cuestionados por los denunciantes es que, según su interpretación, la posibilidad de rescindir el acuerdo quedaba principalmente en manos de la empresa.
La presentación judicial sostiene que Calle y Braconi eran accionistas de USEM y señala además una relación cercana entre la empresaria y Furlán. Los denunciantes incluso incorporaron al expediente un particular dato: aseguraron que personas vinculadas a la firma se referían a Calle como “la primera dama”, un apodo que, según ellos, podría servir para determinar cuál era su verdadero nivel de influencia dentro de la compañía y su vínculo con el dirigente sindical.
Allanamientos y una auditoría sobre las cuentas de la UOM
A raíz de la denuncia, el juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, dispuso en marzo un allanamiento en la sede nacional de la UOM, ubicada sobre la calle Alsina, en el marco de la investigación sobre el contrato con USEM y la presunta administración fraudulenta de fondos.
La situación del sindicato cambió posteriormente con la intervención de la organización. Alberto Biglieri asumió como interventor el 22 de mayo, luego de que la Justicia detectara irregularidades relacionadas con las elecciones de la seccional Zárate-Campana.
Una de sus primeras decisiones fue desvincular a Calle de la UOM. Además, comenzó una auditoría de las cuentas sindicales, con especial atención sobre el convenio firmado en 2023 entre la organización y USEM.
El 30 de julio, después del aval de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Biglieri suspendió preventivamente los contratos que vinculaban a USEM con los fondos de la UOM y de la obra social de los trabajadores metalúrgicos. La medida fue presentada como una acción preventiva destinada a preservar el patrimonio de la organización mientras avanzan las revisiones.
Las propiedades que aparecen en el expediente
Los nuevos elementos incorporados a la causa apuntan también a reconstruir la situación patrimonial de Calle. Además del departamento de la calle San José y de un BMW M135 X Drive cuyo valor fue estimado en alrededor de USD 70.000, los denunciantes aportaron registros oficiales de otras dos propiedades que figurarían a nombre de la empresaria en Campana.
Una de ellas está ubicada sobre la calle Belgrano y la otra se encuentra dentro de un country de la zona. Los dirigentes que impulsaron la denuncia pidieron que estos inmuebles sean incorporados al análisis patrimonial de la causa.
La intención de los denunciantes es que la investigación no quede limitada al contrato entre la UOM y USEM. En la ampliación presentada ante la Justicia solicitaron revisar bienes inmuebles, vehículos, participaciones societarias, pólizas, movimientos de tarjetas de crédito e inversiones correspondientes a Calle, Furlán, Braconi, USEM y otras personas o sociedades que pudieran estar relacionadas con ellos.
Los 114 viajes al exterior
Otro de los elementos que ingresaron al expediente son los movimientos migratorios de Calle. Según el relevamiento aportado por los opositores de Furlán, la empresaria registró 114 viajes internacionales entre 2010 y 2026.
Los destinos incluyen Uruguay, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, México, Alemania, Panamá, Colombia, Países Bajos, Turquía y Chile, entre otros países.
La mayor concentración de viajes se produjo en los últimos años. Entre 2023 y 2026 se contabilizaron 80 movimientos, más de dos tercios del total relevado.
En 2023 fueron 22 viajes. Al año siguiente se registraron 25, convirtiendo a 2024 en el período con mayor cantidad de salidas. En 2025 hubo otros 24 movimientos y, hasta el 27 de junio de 2026, se contabilizaron nueve.
El detalle de 2023 incluye seis viajes a Brasil, cuatro a Uruguay, tres a Países Bajos, tres a Francia, dos a Italia y dos a México. En 2024 aparecen desplazamientos a Alemania, España, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, Panamá, Colombia, Países Bajos y Turquía.
Durante 2025, en tanto, los destinos registrados fueron Estados Unidos, Chile, Brasil, Uruguay, España, México y Francia. En ese período llamó particularmente la atención un registro del 4 de agosto, cuando aparecen dos cruces hacia Uruguay durante la misma jornada.
Para 2026, los registros aportados llegan hasta el 27 de junio e incluyen cinco viajes a Francia, dos a México, uno a España y uno a Estados Unidos.
Los denunciantes pretenden que los movimientos migratorios sean contrastados con las operaciones financieras relacionadas con USEM y con el contrato firmado con la UOM.
Por ese motivo solicitaron que la Dirección Nacional de Migraciones entregue información completa sobre los ingresos y egresos del país de los principales investigados. El objetivo es establecer si existe alguna coincidencia temporal entre viajes, transferencias, pagos u otras operaciones vinculadas con el manejo de los recursos sindicales.
También pidieron ampliar la investigación patrimonial para determinar el origen y evolución de los bienes de los involucrados.
Mientras tanto, Calle rechazó públicamente las acusaciones y negó tener actualmente los roles que le atribuyen sus denunciantes. En declaraciones a La Nación, sostuvo que el caso forma parte de una disputa sindical y política y afirmó: “No compré nada”. También aseguró que no tiene ningún cargo en la UOM ni es empleada de USEM y denunció que fue convertida en “blanco” de una disputa de poder.