El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) oficializó este jueves la Resolución 734/2026, que extiende el procedimiento de bloqueo de teléfonos celulares a los establecimientos penitenciarios provinciales. La medida, publicada en el Boletín Oficial, modifica el mecanismo vigente y establece que las empresas de telefonía móvil deberán inhabilitar el IMEI, el IMSI y la línea telefónica de los dispositivos detectados en esas áreas.
El Gobierno nacional amplió el procedimiento de bloqueo de teléfonos celulares a las cárceles provinciales, según lo establecido en la Resolución 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), publicada este jueves en el Boletín Oficial. La normativa modifica el mecanismo vigente para la inhabilitación de equipos denunciados por robo, hurto o extravío y agrega específicamente a los establecimientos penitenciarios provinciales.
De acuerdo con la resolución, las empresas que presten servicios de comunicaciones móviles deberán bloquear tres elementos vinculados con los dispositivos detectados dentro de las áreas de detención: el IMEI, que identifica al equipo; el IMSI, correspondiente a la tarjeta SIM; y la línea telefónica asociada.
El mecanismo ya estaba autorizado para las cárceles y unidades penitenciarias federales. Con la nueva normativa, podrá aplicarse también en establecimientos provinciales, siempre que las jurisdicciones adhieran al protocolo aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Los bloqueos no serán realizados automáticamente por las compañías telefónicas. Para que un dispositivo sea inhabilitado, deberá existir una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad, que será la autoridad encargada de enviar a las empresas los datos necesarios para llevar adelante el procedimiento. En el caso de las provincias que adhieran al sistema, los pedidos también deberán ser comunicados a las prestadoras exclusivamente a través de la cartera nacional de Seguridad.
La normativa establece condiciones técnicas para evitar que el bloqueo de las comunicaciones se extienda fuera del perímetro de los establecimientos penitenciarios. El objetivo es que la medida afecte únicamente a los dispositivos que se encuentren dentro de las áreas alcanzadas por el protocolo. Además, las compañías deberán registrar y conservar información sobre cada bloqueo efectuado, lo que permitirá mantener la trazabilidad de las operaciones y disponer de los datos ante eventuales consultas o requerimientos de las autoridades.
La incorporación de las cárceles provinciales se produjo luego de una presentación realizada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Enacom. Desde esa cartera habían advertido sobre la problemática vinculada con el uso de teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios y solicitaron que la normativa contemplara expresamente a las jurisdicciones provinciales.
La medida apunta a uno de los principales problemas de seguridad vinculados con el uso irregular de celulares en prisión: la posibilidad de mantener comunicaciones con personas del exterior y coordinar actividades delictivas sin necesidad de abandonar el establecimiento. Sin embargo, la aplicación en cada provincia dependerá de la adhesión correspondiente y de que los pedidos sean realizados mediante el procedimiento establecido por el Ministerio de Seguridad.