El presidente del Tribunal de Ética de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, Iván Montanaro, expresó su respaldo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción en el Senado y espera tratamiento en Diputados.
El presidente del Tribunal de Ética de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, Iván Montanaro, expresó su respaldo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción en el Senado y espera su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación.
Montanaro afirmó que la iniciativa aportará previsibilidad a los pequeños inversores y detalló el alcance de la norma en relación con el denominado desalojo exprés. La propuesta introduce reformas procesales para dos escenarios: la usurpación violenta e intencional de inmuebles y los incumplimientos derivados de contratos de alquiler, ya sea por vencimiento del plazo o por mora en el pago.
«El desalojo exprés prevé dos situaciones: el de usurpación y el que sobreviene de una relación contractual por vencimiento o falta de pago», explicó Montanaro. En ese sentido, sostuvo: «Hay muchas apreciaciones políticas dando vueltas cuando se trata de una situación fáctica. El que hace una inversión en una vivienda o local comercial no lo hace por beneficencia, lo hace como un negocio y en muchos casos es su única fuente de ingreso».
El dirigente remarcó la importancia de acortar los plazos procesales en los tribunales provinciales para garantizar la restitución de los inmuebles. «Si bien hoy el desalojo está previsto, este proyecto viene a dar seguridad jurídica acortando plazos a través de procesos sumarísimos, para lo cual las provincias deberán adherirse y modificar sus códigos procesales», dijo a radio UNNE.
Al analizar el mercado locativo en Corrientes, Montanaro indicó que la mayoría de los clientes de las administraciones son profesionales, comerciantes o adultos mayores que destinaron sus ahorros a uno o dos inmuebles para complementar ingresos o jubilaciones.
Frente a casos de vulnerabilidad social, desempleo o familias con menores y personas con discapacidad que no pueden sostener el pago del alquiler, Montanaro declaró: «Quien tiene que dar la solución es el Estado. Es ahí donde el Estado tiene que dar las herramientas necesarias para que esa persona pueda acceder a una vivienda». También cuestionó la parálisis de la obra pública y de la construcción de viviendas a nivel nacional.
Por último, sobre el rol de las inmobiliarias ante la mora, aclaró que su función se limita a la administración y a la búsqueda de acuerdos extrajudiciales, como quitas de intereses, refinanciaciones o planes de pago, siempre con autorización del dueño. «Nosotros básicamente acompañamos todo el proceso hasta la intimación. Cuando llega un momento en que la cuestión no tiene más solución que la vía judicial, interviene el estudio jurídico contratado de forma separada por el propietario», concluyó.