El ministro de Salud mantiene el respaldo de Javier Milei, pero en el oficialismo reconocen que el caso podría escalar. Dos exfuncionarias de la Anmat fueron detenidas y luego excarceladas.
La semana pasada, el oficialismo enfrentó una serie de problemas de gestión, entre ellos el paro de los prácticos y el tratamiento de la ley de propiedad privada. A esto se sumó la detención de dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en el marco de la causa por las muertes por fentanilo contaminado. En el expediente judicial hay alusiones al ministro de Salud, Mario Lugones.
Fuentes de la Casa Rosada consultadas por LA NACION señalaron que la tragedia del fentanilo, que dejó al menos 90 fallecidos, es un tema latente mientras avanza la investigación en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. Lugones permanece en su cargo y Javier Milei replicó el sábado un tuit suyo sobre gestión sanitaria. No obstante, en el oficialismo hay preocupación por las posibles derivaciones del caso.
“A Mario se lo ve tranquilo, pero sabe que si la política quiere herirlo, lo puede meter en el medio de la escena”, indicaron personas cercanas al ministro. En agosto de 2025, Lugones se refirió a los involucrados en la producción de la droga elaborada en Laboratorios Ramallo y comercializada por HLB Pharma, ambas propiedad del detenido Ariel García Furfaro: “Es un atentado a la gente, no tienen derecho a hacer lo que hicieron, es de mala gente hacer esto”.
Hace una semana, la exjefa de la Anmat Nélida Agustina Bisio y la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) Gabriela Mantecón Fumadó fueron detenidas. La fiscal federal María Laura Roteta y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, sostienen que las exfuncionarias tuvieron responsabilidad en la producción, comercialización y suministro del fentanilo contaminado. Según el Ministerio Público Fiscal, existió un “manto de cobertura estatal”.
Ambas fueron excarceladas el viernes pasado tras pagar una caución real de 75 millones de pesos, que solventaron con inmuebles en garantía. Mantecón Fumadó declaró que Lugones era informado de las decisiones sobre Ramallo y HLB y que había promovido el cierre del laboratorio. La exjefa del Iname fue despedida en agosto del año pasado, mientras avanzaba la investigación penal iniciada en mayo de 2025. Bisio, que estaba al frente de la Anmat, fue sostenida por Lugones un tiempo más y renunció en enero de este año.
La detención de las exfuncionarias coincidió con la Cena Anual Consenso de Salud 2026, a la que asistió Lugones y donde dio un discurso sobre la gestión del sector. En el Gobierno aseguraron que no hay colaboración con la situación judicial de las exfuncionarias y afirmaron: “Que la Justicia actúe con celeridad; que todos los responsables estén tras las rejas”.
Voces del oficialismo consultadas por LA NACION indicaron que los avances en el caso no generaron medidas drásticas ni activaron gestiones judiciales. No obstante, reconocieron: “Obvio que genera ruido el tema, sobre todo porque este gobierno no tiene un buen abordaje de crisis. Hay que ver hasta dónde escala”. Otra fuente expuso: “Es grave para todos en la gestión, pero no le dieron tanta importancia”.
El Ministerio de Salud también enfrenta desinteligencias entre el estratega Santiago Caputo, que maneja políticamente la cartera desde la Argentina, y Rodrigo Lugones, hijo del ministro, que da instrucciones desde España. Además, la cartera sufrió los efectos del avance judicial en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que también está bajo su órbita.
En el kirchnerismo, que se vio salpicado por los negocios de García Furfaro, esperan que el próximo 19 de agosto, cuando sesione la Cámara de Diputados, se pueda forzar el tratamiento de una nueva ley de Anmat. Referentes de distintos sectores políticos coinciden en que la Anmat debería tener una ley que regule su funcionamiento, ya que hay grises en sus normas de procedimiento que quedaron expuestos con las muertes por fentanilo. En el Gobierno, Lugones impulsa una reforma del área.
“La Anmat, que controla la industria farmacéutica, tiene una estructura débil con salarios bajos. Es un tema complicado”, comentó un dirigente político. Durante 2025, funcionó en Diputados la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado, presidida por la socialista Mónica Fein, donde participaron familiares de las víctimas. Lugones no asistió a esa instancia; remitió preguntas por escrito.
“Al comienzo de la denuncia, los familiares estuvieron en la soledad más horrible”, recordó un dirigente, que definió lo ocurrido como “la máxima tragedia sanitaria argentina”.