El Ejecutivo nacional delegó en San Juan la gestión de tramos de cinco rutas nacionales. En paralelo, un fallo judicial ordenó reparar tres corredores en Santa Fe y una investigación periodística señaló una subejecución del 73,8% en los fondos del Sistema Vial Integrado.
El estado de las rutas nacionales concentró esta semana tres desarrollos vinculados a la gestión del Gobierno nacional. Por un lado, el Ejecutivo firmó un convenio con la provincia de San Juan para que asuma la gestión integral de tramos de cinco rutas nacionales. Por otro, la Justicia Federal de Venado Tuerto ordenó al Estado nacional la reparación de tres rutas en Santa Fe. Además, una investigación periodística reveló una subejecución de los recursos recaudados para obras viales.
El lunes 10, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, un convenio por el cual la provincia asumirá el financiamiento, conservación, mantenimiento y ejecución de obras en las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además del Nudo Vial de las rutas 40 y A014. El acuerdo tendrá una vigencia de 20 años y los corredores continuarán formando parte de la Red Vial Nacional.
El esquema forma parte de una política del Ejecutivo para trasladar a las provincias responsabilidades sobre rutas que permanecen bajo jurisdicción nacional. El Gobierno ya aplicó un esquema similar con Santa Fe sobre la Ruta Nacional A012 y busca extenderlo a otras provincias. La intención oficial es que los distritos puedan financiar obras, completar trabajos pendientes, ocuparse del mantenimiento o recurrir a concesiones privadas.
En paralelo, la Justicia Federal de Venado Tuerto ordenó al Estado nacional la reparación inmediata de las rutas 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, en Santa Fe. El juez Aurelio Antonio Cuello Murúa consideró probado el grave deterioro de las calzadas y el incumplimiento de las obligaciones de conservación y mantenimiento.
El expediente indica que la Dirección Nacional de Vialidad había reconocido la necesidad de una intervención urgente sobre la Ruta 33, donde se detectaron grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos. Una obra adjudicada para intervenir el corredor comenzó parcialmente, pero quedó paralizada porque no se autorizaron las partidas presupuestarias necesarias para continuarla. También se detectaron incumplimientos en las rutas 7 y 8, concesionadas a Corredores Viales. En el caso de la Ruta 8, Vialidad había labrado 55 actas por incumplimientos contractuales. El fallo sostuvo que el cambio de concesionarias o la distribución interna de competencias no permite que la Nación se desentienda de garantizar la seguridad y transitabilidad de los corredores.
La resolución introduce una tensión con el proceso de descentralización impulsado por el Ejecutivo, ya que la responsabilidad estatal sobre las rutas nacionales no desaparece automáticamente con el cambio de administrador.
A este escenario se sumó una investigación del periodista Hugo Alconada Mon para La Nación, basada en balances contables, informes de cuenta y documentación oficial obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública. Según el trabajo, durante los primeros dos años y medio de la gestión de Javier Milei el Gobierno recaudó $1,5 billones mediante el Sistema Vial Integrado (SisVial), pero ejecutó aproximadamente una cuarta parte en obras viales.
El SisVial recibe una porción del impuesto a los combustibles líquidos y tiene como destino específico el financiamiento de la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial. De los $1.503.252 millones recaudados, se ejecutaron $394.406 millones, lo que implica una subejecución acumulada del 73,8%.
Al cierre de mayo, más de $1 billón permanecía colocado en inversiones financieras, principalmente títulos públicos y plazos fijos, mientras otros $37.761 millones estaban inmovilizados en una cuenta corriente. En total, la investigación calculó $1.038.779 millones que no habían sido aplicados a obras.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que una parte de los recursos es administrada por el Ministerio de Economía dentro de la estrategia para alcanzar el equilibrio fiscal. “Una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía”, explicó, aunque señaló que no podía precisar cuánto correspondía a cada destino.