La jueza de la Cámara Federal de Resistencia, Rocío Alcalá, dialogó con El Tribuno Nacional sobre los desafíos de administrar justicia en una zona de frontera con alta criminalidad transnacional, la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal y su trayectoria de 27 años en el Poder Judicial.
La jueza Rocío Alcalá, presidenta de la Cámara Federal de Resistencia, describió la zona del nordeste argentino como “crítica” debido a su frontera con Paraguay y la presencia de delitos transnacionales. En una entrevista con El Tribuno Nacional, Alcalá explicó las particularidades de impartir justicia en Chaco y Formosa, jurisdicciones que integran su cámara.
Trayectoria y contexto
Alcalá nació en Resistencia, Chaco, en 1974. Estudió abogacía en la Universidad Nacional del Nordeste y se recibió en 1999. Al día siguiente de graduarse comenzó a trabajar en la Justicia Federal, donde lleva 27 años en distintos cargos. Desde abril de 2018 se desempeña como jueza de cámara.
Características de la jurisdicción
La jueza señaló que la Cámara Federal de Resistencia abarca Chaco y Formosa, y que esta última provincia tiene “muchos kilómetros de frontera seca” con Paraguay, lo que facilita el contrabando de mercaderías, cigarrillos, electrónica y armas, así como el tráfico de estupefacientes y la trata de personas.
“Es una zona relacionada con delitos previstos en la ley 23.737 de estupefacientes y la 22.415. También hay delincuencia transnacional, como la trata de personas, justamente por ser zona de frontera”, afirmó Alcalá.
Además, señaló que la región funciona como “zona de paso o acopio de estupefacientes que conecta con grandes centros de distribución como Buenos Aires, Rosario, Mendoza y otros países, incluso Chile”.
Recursos y gestión
En cuanto al apoyo del Consejo de la Magistratura y el Poder Judicial, Alcalá indicó que “siempre se tiene en cuenta” la situación de los juzgados de frontera y que se trabaja con “dinámicas específicas” y apoyo adicional en recursos. No obstante, reconoció que “hace falta personal especializado, que muchas veces falta”.
La jueza mencionó que desde el 1 de diciembre de 2024 se implementó el Código Procesal Penal Federal en su jurisdicción, lo que cambió la dinámica del proceso penal al asignar al Ministerio Público Fiscal el rol de investigación.
“Antes, la investigación recaía en el juez y necesitábamos recursos, pero ahora el Ministerio Público Fiscal asume ese rol. El juez toma otra impronta en el proceso”, explicó.
Volumen de causas
Alcalá señaló que las causas no penales, como las relacionadas con salud, amparos, seguridad social y contencioso-administrativo, pueden “duplicar o triplicar” el número de causas penales. Esto genera un “cuello de botella” debido a que la cantidad de recursos humanos no aumenta al mismo ritmo que la conflictividad.
“Si bien aumenta la conflictividad y el número de causas, el personal sigue siendo el mismo”, sostuvo.
Causas de lesa humanidad
La jueza relató su experiencia en la instrucción de causas por crímenes de lesa humanidad en Formosa, donde trabajó con testimonios de víctimas de centros clandestinos de detención como “La Escuelita” y el Regimiento de Infantería de Monte 29.
“Por la mañana tomábamos testimonios a víctimas y por la tarde indagatorias a los imputados. Era una megacausa con cada vez más testigos e imputados”, recordó.
También mencionó el caso de la masacre de Margarita Belén, ocurrida en 1976, que fue el primer caso que le tocó resolver en la Cámara Federal.
Tecnología y transparencia
Alcalá afirmó que la Cámara Federal de Resistencia está implementando herramientas tecnológicas, como inteligencia artificial para la desgrabación de audiencias, y normas ISO de calidad para mejorar la transparencia del servicio de justicia.
“La inteligencia artificial puede ayudar en otras cuestiones, pero hay aspectos humanos que nunca podrá reemplazar, sobre todo en cuestiones sensibles como el interés superior del niño”, puntualizó.