El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó apartarse de una investigación contra la AFA y calificó la mudanza de sede social a Pilar como una “mera formalidad y ficción jurídica”.
El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó este viernes apartarse de una investigación por supuestas maniobras de desvío de fondos y facturación trucha contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Al responder a un pedido de inhibitoria del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, Amarante calificó la mudanza de la sede social de la AFA a Pilar como una “mera formalidad y ficción jurídica”.
En su resolución, Amarante señaló que es de “público conocimiento” que, pese al cambio de domicilio social, la AFA continuó desarrollando su actividad central en su sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires. Por ello, sostuvo que “pretender fundar la competencia en la provincia de Buenos Aires, basándose en un domicilio social en el Partido de Pilar, importa priorizar una mera formalidad y ficción jurídica por sobre el lugar real de comisión de las conductas”.
El conflicto de competencia se originó a partir de un planteo del juzgado de Campana para que el juez porteño le envíe un expediente donde se investigan supuestos hechos de lavado de dinero, iniciado por una denuncia basada en publicaciones periodísticas. González Charvay sostuvo que los hechos son similares a una causa que se tramita en su juzgado, basada en el presunto desvío de fondos en perjuicio de la AFA y la emisión de facturas falsas, remitida desde Santiago del Estero.
Sin embargo, Amarante rechazó el planteo por prematuro, al considerar que “la totalidad de los actos de ejecución que habrían integrado la maniobra habrían tenido lugar dentro del ámbito geográfico” de la Ciudad de Buenos Aires. Ante la negativa, el tema deberá ser resuelto por la Cámara en lo Penal Económico.
En el marco de otra investigación, Amarante ya procesó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, por la supuesta retención indebida de aportes de la seguridad social por 19.000 millones de pesos. Esa decisión fue confirmada por la Cámara en lo Penal Económico. Ambos están embargados por 350 millones de pesos y tienen prohibición de salida del país, aunque Tapia viajó al Mundial con permiso judicial.
La mudanza de la sede social de la AFA a Pilar fue avalada por la Cámara Nacional en lo Civil, pero el Estado Nacional apeló el fallo, que podría llegar en revisión a la Corte Suprema de Justicia.
Las investigaciones que involucran a dirigentes de la AFA se tramitan en distintos juzgados y han generado conflictos de competencia. Por ejemplo, la causa que investiga la propiedad de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares, a nombre de presuntos testaferros, ya pasó por cuatro juzgados y la Cámara Federal de Casación convocó a una nueva audiencia para el 12 de agosto.