La Cámara alta dio media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que modifica las reglas de expropiaciones y desalojos. El capítulo sobre Manejo del Fuego fue rechazado y el proyecto pasó a Diputados.
El Senado de la Nación aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que introduce cambios en los procedimientos de expropiación y desalojo. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Durante la sesión, se rechazó el capítulo que proponía modificar la ley de Manejo del Fuego, por lo que se mantienen vigentes las restricciones actuales para el uso de tierras afectadas por incendios.
El proyecto original contemplaba también la venta de tierras a extranjeros, pero ese capítulo fue retirado días antes por el oficialismo. En la votación en general, el kirchnerismo solicitó devolver el expediente a comisión, moción que fue rechazada por 38 votos contra 31. El oficialismo y sus aliados lograron así avanzar con el articulado restante.
El dictamen aprobado establece que la declaración de utilidad pública para expropiaciones será de interpretación restrictiva y deberá identificar de forma específica el fin perseguido. La indemnización comprenderá el valor objetivo del bien, según el valor de mercado, y no se considerarán circunstancias personales, valores afectivos ni ganancias hipotéticas. El lucro cesante solo se reconocerá si está debidamente acreditado y no superará el 30% del valor del daño emergente.
En materia de desalojos, el texto dispone que, en casos de falta de pago de alquileres, el locador deberá intimar al locatario con un plazo mínimo de diez días corridos. La notificación podrá realizarse al domicilio real o electrónico denunciado en el contrato. Si el locatario no restituye el inmueble, el locador podrá iniciar una acción judicial que se tramitará por el procedimiento más breve previsto por la ley.
Durante el debate, el senador oficialista Agustín Coto defendió los desalojos exprés y señaló que en varias provincias el proceso es similar. Sobre el Manejo del Fuego, sostuvo que las penas por incendios intencionales deberían elevarse, pero cuestionó la prohibición de uso de tierras por 30 o 60 años.
El peronista Pablo Bensusán criticó que el dictamen llegó al recinto sin firma y con decenas de modificaciones realizadas desde mayo. El radical Maximiliano Abad advirtió que la reforma podría ser judicializada por afectar el principio de no regresión ambiental. La senadora Edith Terenzi anunció su abstención en desalojos y su rechazo al capítulo de fuego.
La senadora Florencia López calificó al Gobierno de “chapucero” y “desorganizado” por los cambios en el proyecto. El jefe del interbloque kirchnerista, José Mayans, sostuvo que el tratamiento fue “profundamente inconstitucional”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la ley y afirmó que “la propiedad privada es certeza para los ciudadanos”. Cuestionó a quienes “se hacen los distraídos” cuando se toma un territorio y mencionó casos de ocupaciones en barrios populares. También criticó al peronismo por supuestas demoras en indemnizaciones por expropiaciones y citó el caso de YPF.