La discusión parlamentaria sobre la modificación de la Ley 26.737 reavivó el caso de la localidad riojana que en 2008 fue vendida a un inversor extranjero. El fiscal de Estado de La Rioja, Emilio Rodríguez, recordó el proceso judicial que derivó en la sanción de la normativa vigente.
El tratamiento parlamentario del proyecto oficial para reformar la Ley 26.737, sancionada en 2011, volvió a poner en el centro del debate el caso de Valle Hermoso, una localidad de La Rioja que en 2008 fue incluida en una operación de compraventa de 200.000 hectáreas adquiridas por un inversor estadounidense. La transacción comprendía campos, montañas, un pueblo entero con sus habitantes, una escuela, una capilla, un puesto sanitario y las fuentes de agua de la zona.
El fiscal de Estado de La Rioja, Emilio Rodríguez, quien representó judicialmente a los habitantes de Valle Hermoso, afirmó que el proceso culminó con el reconocimiento de la posesión de la comunidad y advirtió sobre los riesgos de modificar la legislación actual.
“Después de una década de batalla judicial, logramos que se reconozca la posesión de la gente que vive en Valle Hermoso, un pueblo que fue vilmente rematado”, declaró en diálogo con Total Normalidad, por Futurock. Rodríguez explicó que la operación inmobiliaria implicó la privatización de toda la comunidad: “Todo el pueblo fue vendido como una mercancía cualquiera. Se las compraron a un grupo de abogados que habían obtenido el remate de esas tierras. Nosotros lo reclamamos porque fue una maniobra casi clandestina”.
El fiscal señaló que el conflicto evidenció una diferencia jurídica entre la titularidad registral y la posesión efectiva de la tierra: “Las escrituras de estas hectáreas nunca tuvieron la posesión real; solo unos pocos en nuestro país tienen acceso a ella. El poseedor habita la tierra, la trabaja y se siente dueño, un derecho amparado por el Código Civil. Fue un caso tan paradigmático que se convirtió en el gran motor para la sanción de la Ley de Tierras”.
El caso expuso un vacío normativo que permitía la adquisición de grandes extensiones de territorio sin restricciones específicas, incluso cuando albergaban poblaciones consolidadas o recursos hídricos estratégicos. A fines de 2011, la Ley de Tierras Rurales fijó un límite del 15% para la propiedad extranjera sobre tierras rurales, estableció restricciones sobre inmuebles que contengan cuerpos de agua y fijó topes máximos de superficie por titular.
Rodríguez sostuvo que la resolución judicial en La Rioja fue tan determinante como el cambio legislativo: “La ley fue clave, pero también lo fue la lucha judicial. Esa gente nunca tuvo una escritura y hoy tiene su posesión reivindicada”. Además, reveló que el comprador extranjero nunca avanzó formalmente con acciones para reclamar el predio: “Quien adquirió la tierra jamás se presentó a reclamarla. Se decía que iba a litigar en tribunales de Estados Unidos, pero nunca ocurrió”. También recordó que durante la operación se detectaron incumplimientos administrativos: “Se omitió presentar un proyecto de desarrollo frente al ministerio, un requisito esencial. En ese momento instamos una resolución para suspender la compra de inmediato”.
Con el debate parlamentario nuevamente abierto ante proyectos que buscan derogar o flexibilizar los límites a la propiedad extranjera, el fiscal cuestionó la postura del Ejecutivo nacional. “Nosotros, desde la experiencia concreta de haber defendido un pueblo que fue vendido a un extranjero, debemos defender los límites a la propiedad”, remarcó. Y concluyó: “Este proyecto pone en serio riesgo la soberanía y la seguridad de la Nación. La ley vigente tuvo en cuenta esos puntos esenciales: no le prohíbe nada al extranjero, simplemente impone límites razonables”.