El Banco Central de la República Argentina (BCRA) enfrenta el desafío de regular la competencia entre bancos tradicionales y billeteras virtuales como Mercado Pago, en el marco de la reforma de su carta orgánica impulsada por el Gobierno.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tiene entre sus funciones históricas la preservación de la estabilidad financiera, un rol que hoy se extiende a la regulación de las billeteras virtuales y su competencia con los bancos tradicionales. La reforma de la carta orgánica impulsada por el Poder Ejecutivo, que propone otorgar mayor autonomía a la entidad, no contempla explícitamente este aspecto.
Desde su creación en 1935, el BCRA actúa como «banco de bancos» y supervisa a todas las entidades financieras. Entre sus atribuciones se encuentran autorizar la apertura o cierre de bancos, otorgar licencias, controlar la solvencia patrimonial, verificar la liquidez, supervisar el riesgo crediticio, inspeccionar balances, aplicar sanciones, intervenir entidades en dificultades y, en casos extremos, revocar autorizaciones para funcionar.
La reforma de la carta orgánica de 2012 amplió su mandato para preservar no solo la estabilidad monetaria sino también la financiera. El artículo 3 establece que el BCRA debe promover la estabilidad monetaria, la financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Para cumplir esa tarea, trabaja junto con la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), a cargo de las inspecciones y auditorías permanentes.
La función más delicada es evitar las corridas bancarias. Los bancos prestan gran parte de los depósitos que reciben, y si todos los ahorristas quisieran retirar su dinero a la vez, prácticamente ninguno podría responder. Por eso el BCRA actúa como prestamista de última instancia, aportando liquidez cuando una entidad enfrenta problemas transitorios, para evitar el contagio a todo el sistema.
La historia financiera argentina registra varias crisis que pusieron a prueba ese rol. La primera gran crisis ocurrió tras la reforma financiera de 1977 impulsada por Martínez de Hoz durante la última dictadura militar: entre 1980 y 1982 quebraron más de setenta entidades, entre ellas el Banco de Intercambio Regional (BIR), el Banco de los Andes, el Banco Oddone, el Banco Internacional y el Nuevo Banco de Italia y Río de la Plata.
La segunda gran prueba llegó durante la convertibilidad. En diez años desaparecieron, se fusionaron o fueron compradas entidades como el Banco Mayo Cooperativo, el Banco Patricios, el Banco Crédito Provincial, el Almafuerte, el Balcarce, el Israelita de Córdoba, el Comercial del Norte, el Quilmes y el de Crédito Argentino, además de bancos provinciales privatizados o absorbidos. En paralelo llegaron al país jugadores internacionales como Santander, BBVA, HSBC, ABN AMRO, Crédit Agricole y ScotiaBank.
La crisis de 2001 llevó al corralito, que restringió el retiro de efectivo, y luego al corralón, que transformó compulsivamente los depósitos en instrumentos de largo plazo, mientras la pesificación asimétrica alteró el equilibrio patrimonial de las entidades. Aquella crisis modificó la regulación bancaria: se elevaron los requisitos de capital, liquidez y administración de riesgos.
En años recientes, el HSBC dejó el país en 2024, absorbido por el Grupo Financiero Galicia en unos U$S 550 millones; en 2023 se fue el brasileño Itaú, comprado por el Banco Macro en unos U$S 50 millones; y en 2017 el Citi abandonó su negocio minorista, que tomó el Santander.
La irrupción de las fintech, y en especial de Mercado Pago, generó un ecosistema que mueve millones de operaciones diarias sin ser formalmente un banco. Las billeteras virtuales permiten cobrar salarios, realizar pagos, otorgar créditos, invertir saldos en fondos comunes, operar con códigos QR, efectuar transferencias inmediatas e incluso administrar tarjetas de crédito.
Ese cambio obligó al BCRA a dictar regulaciones para los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), con requisitos de registración, seguridad informática, prevención de lavado de dinero, protección de usuarios e interoperabilidad. La más trascendente fue Transferencias 3.0, que permitió que cualquier código QR fuera utilizado por cualquier billetera.
La competencia entre bancos y fintech se intensificó. Los bancos sostienen que las billeteras ofrecen servicios equivalentes a los suyos pero bajo exigencias regulatorias menores, y hablan de una «competencia regulatoria desigual». Mercado Libre sostiene lo contrario: que los bancos buscan usar la regulación para proteger un mercado concentrado, cuestiona las comisiones bancarias y afirma que la innovación incorporó al sistema a millones de excluidos.
El conflicto se trasladó al terreno regulatorio, con discusiones por la interoperabilidad de los códigos QR, el uso de tarjetas de crédito en pagos digitales, las transferencias inmediatas, el acceso a la infraestructura de pagos y el tratamiento de los fondos en billeteras virtuales. El BCRA quedó así como árbitro entre dos modelos de negocio que compiten por el mismo cliente.
El desafío actual del BCRA consiste en construir un marco regulatorio que permita la innovación sin comprometer la seguridad de millones de usuarios. El Banco Central nació hace más de noventa años para controlar bancos; hoy debe supervisar un universo más complejo, donde conviven entidades centenarias, plataformas digitales, billeteras virtuales y empresas tecnológicas que administran miles de millones de pesos por día.
