Dos empleados del organismo recaudador brindaron testimonio sobre informes que reconstruyen movimientos financieros de empresas investigadas. La semana próxima declarará Javier Iguacel, exdirector de Vialidad.
El juicio oral por los Cuadernos de las Coimas sumó las declaraciones de dos contadores de la AFIP, con el objetivo de reconstruir las salidas de dinero de las empresas investigadas y determinar si parte de esos fondos pudo haber sido destinada a funcionarios del kirchnerismo.
El supervisor Fernando Lerendegui y la inspectora Candela Marcellini declararon sobre informes elaborados a pedido de la Justicia en torno a la empresa Metrovías y una UTE conformada por IECSA SA (vinculada a Angelo Calcaterra) y JCR SA (de Juan Carlos Relats), para una obra sobre la ruta 9.
Lerendegui se refirió a una facturación superior a los $11 millones vinculada con dos proveedores observados, que figuraban en una base de contribuyentes sospechosos. Marcellini expuso operaciones de empresas vinculadas a Calcaterra, como la compra de US$600.000 por IECSA en junio de 2009, retirados por ventanilla por Juan Carlos Palacios, sin registro posterior como tenencia al cierre del ejercicio.
También mencionó una operación similar de Creaurban SA (vinculada a Calcaterra y Santiago Ramón Altieri) por US$380.000, retirados también por Palacios.
Otra operación resultó relevante por su posible coincidencia con el mecanismo descripto por el empresario arrepentido Carlos Wagner, quien declaró que IECSA participaba de un sistema de reparto de obras en el que la empresa adjudicataria debía entregar a funcionarios entre el 10% y el 20% del valor de la obra. El contador Ernesto Clarens explicó que, cuando el adelanto financiero equivalía al 20% del contrato, se reclamaba la mitad de ese anticipo (10% del valor total).
En una de las obras analizadas, la UTE integrada por IECSA cobró en octubre de 2008 un primer anticipo de $109.179.942. Durante los dos meses siguientes, la unión de empresas compró US$3 millones (equivalentes a $10.240.000), aproximadamente el 10% de ese anticipo. Los dólares fueron retirados en efectivo de la casa de cambio Transcambio y no quedaron registrados como tenencia de la empresa.
Los datos de los empleados de la AFIP ayudan a corroborar un circuito de dinero de empresas constructoras que obtenían contratos durante el gobierno kirchnerista y el pago de coimas a funcionarios. A lo largo de este tramo del juicio, los contadores expusieron maniobras como cobros de cheques correlativos para eludir controles del Banco Central, retiros de efectivo sin reflejo contable y facturaciones a proveedores incluidos en bases APOC de contribuyentes sospechosos.
La semana próxima comenzarán a declarar exfuncionarios, entre ellos Javier Iguacel, quien fue Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad durante el macrismo.