La Corte Constitucional de Colombia definirá el 24 de junio la suerte de la segunda emergencia económica decretada por el Gobierno de Gustavo Petro para atender inundaciones en la costa Caribe y Antioquia. La ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero propone avalar el decreto con salvedades.
La Corte Constitucional definirá el próximo 24 de junio la suerte de la segunda emergencia económica decretada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para atender las inundaciones registradas en la costa Caribe y en Antioquia. La ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero pide salvar el decreto, aunque con algunas salvedades que deberán ser analizadas por sus colegas en la discusión de fondo.
Según información publicada por Revista Semana, los nueve magistrados de la Sala Plena estudiarán el documento presentado por Polo Rosero. La decisión será clave para establecer si la emergencia económica se mantiene como herramienta jurídica para atender a las personas afectadas por el invierno y los daños ocasionados por las inundaciones en distintas zonas del país.
El decreto extraordinario fue expedido por el Gobierno días después de que la Corte suspendió la primera emergencia económica que se había emitido tras el hundimiento de la reforma tributaria. Esta segunda declaratoria buscaba atender a más de 200.000 personas afectadas en varios departamentos del país, según el alcance planteado por el Ejecutivo.
Sala Plena decidirá sobre el decreto
La emergencia económica tenía como propósito recaudar miles de millones de pesos para responder a la situación de damnificados en zonas golpeadas por las lluvias. Entre los departamentos mencionados aparecen Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena.
La ponencia ya fue puesta a consideración de los magistrados de la Sala Plena, que deberán tomar una decisión de fondo sobre la viabilidad jurídica del decreto. Aunque el sentido conocido apunta a salvar la medida, el texto incluye salvedades que serán discutidas por la Corte Constitucional.
El análisis del alto tribunal constitucional se da en medio de la revisión de los recursos que el Gobierno pretendía conseguir para atender la emergencia. La Contraloría pidió al Gobierno nacional los soportes necesarios para justificar los 8 billones de pesos que buscaba recaudar para responder a las afectaciones y financiar la atención urgente.
Ese punto será uno de los elementos más relevantes dentro del debate institucional, pues la emergencia económica no solo implica reconocer una situación extraordinaria, sino también habilitar medidas para movilizar recursos públicos destinados a la atención de los territorios afectados.
Procuraduría pidió avalar la emergencia
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pidió a la Corte Constitucional avalar el decreto. Según su postura, la declaratoria cumplió varios requisitos por la situación extraordinaria generada por las lluvias, las inundaciones y las afectaciones registradas en más de 100 municipios.
“Es claro que los hechos relacionados con las lluvias excepcionales propias del frente frío de principio de año, así como las múltiples inundaciones registradas, causaron efectos graves e inminentes en el orden económico, social y ecológico de los territorios objeto de la declaratoria”, dijo Eljach a la Corte.
La posición del Ministerio Público respalda la necesidad de mantener una herramienta excepcional para atender a las comunidades afectadas. Sin embargo, la decisión final del caso quedará en manos de los nueve magistrados, que deberán valorar tanto la gravedad de la emergencia como la justificación de las medidas propuestas.
El caso jurídico vuelve a ubicar a la Corte Constitucional en el centro del control sobre los decretos de emergencia económica del Gobierno Petro. La Sala Plena de la Corte deberá definir si las condiciones expuestas permiten mantener la declaratoria y bajo qué límites, condiciones o salvedades.
Mientras llega la discusión prevista para el 24 de junio, la ponencia de Miguel Polo Rosero marca una ruta inicial: avalar la emergencia económica, pero no necesariamente en todos sus términos. La decisión final determinará el margen de acción del Gobierno para financiar la atención de los damnificados.