El Tribunal Supremo de España condenó este lunes al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por delitos de corrupción vinculados a la compra de insumos sanitarios durante la pandemia de Covid-19. La sentencia incluye a otros implicados en el denominado ‘caso Koldo’.
El exministro de Transportes de España José Luis Ábalos fue condenado este lunes a 24 años y tres meses de prisión por delitos de corrupción vinculados a la compra de insumos sanitarios durante la pandemia de Covid-19. El Tribunal Supremo lo declaró culpable de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias por el denominado ‘caso Koldo’. No obstante, la legislación española establece un límite de cumplimiento efectivo de la pena, por lo que deberá permanecer en prisión un máximo de 16 años y medio.
La investigación, conocida como ‘caso Koldo’, analizó una presunta trama de corrupción en la contratación de barbijos durante la emergencia sanitaria. En la misma causa también fueron condenados el exasesor ministerial Koldo García, quien recibió una pena de 19 años y ocho meses de prisión, y el empresario Víctor de Aldama, sentenciado a cuatro años y medio. En este último caso, el Tribunal Supremo dispuso la suspensión del cumplimiento efectivo de la pena siempre que no reincida, presente informes periódicos sobre sus actividades y realice trabajos comunitarios.
El proceso judicial se extendió durante 14 audiencias, con más de 70 testigos entre funcionarios, empresarios, especialistas y efectivos de la Guardia Civil. Ábalos recibió la notificación de la condena por videoconferencia desde la prisión de Soto del Real, donde permanece detenido de manera preventiva desde fines de noviembre.
Las defensas de Ábalos y García reclamaron la absolución por considerar insuficientes las pruebas presentadas durante el juicio, mientras que la representación legal de Aldama solicitó una reducción mayor de la condena al destacar su colaboración con la investigación.
La condena contra Ábalos se suma a una serie de investigaciones que mantienen bajo presión al gobierno de Pedro Sánchez. En paralelo, la Justicia española dispuso que Begoña Gómez, esposa del presidente, enfrente un juicio por una causa vinculada al presunto uso de recursos públicos y de su posición institucional para favorecer intereses privados en relación con una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía. Como medida cautelar, el juez instructor Juan Carlos Peinado ordenó el retiro de su pasaporte y le impuso la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades mientras continúa el proceso judicial.
A este escenario también se incorporó recientemente una investigación por presunto tráfico de influencias contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, otro dirigente de referencia del socialismo español cercano a Sánchez. La acumulación de causas judiciales amenaza con profundizar la crisis política que atraviesa el Ejecutivo, que gobierna en minoría y depende del respaldo de distintos aliados parlamentarios para sostener su agenda legislativa.