Gloria Arizabaleta, integrante de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y aliada del oficialismo, dispuso apartar temporalmente del cargo al presidente colombiano por presunta participación en la campaña.
BOGOTÁ. A solo 11 días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, una decisión sin antecedentes recientes abrió una nueva crisis política e institucional.
La representante Gloria Arizabaleta, integrante de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, ordenó la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio, fecha en que se celebrará el balotaje que definirá a su sucesor.
La medida quedó plasmada en un texto de siete páginas firmado únicamente por Arizabaleta, quien investiga al mandatario por su presunta participación en política a través de publicaciones en la red social X. Según la resolución, Petro habría vulnerado las restricciones que la legislación colombiana impone a los funcionarios públicos durante los períodos electorales.
La decisión generó repercusiones en la región. El candidato de izquierda peruano, Roberto Sánchez, declaró: “Expreso mi solidaridad con el presidente Gustavo Petro, elegido democráticamente por el pueblo colombiano y cuyo compromiso con la democracia, las instituciones y la paz ha quedado demostrado a lo largo de su trayectoria pública”.
Sin embargo, surgieron cuestionamientos sobre la legalidad y constitucionalidad de la decisión. La Constitución colombiana establece que un presidente solo puede ser suspendido o juzgado tras una acusación de la Cámara de Representantes y una actuación posterior del Senado.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el gobierno no considera válida la resolución. “No existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al Presidente porque es una comisión de instrucción”, sostuvo. Según explicó, únicamente el Senado podría adoptar una medida de esa naturaleza después de un procedimiento constitucional específico.
La senadora independiente Angélica Lozano recordó que el artículo 194 de la Constitución reserva esa facultad al Senado. El representante oficialista Alejandro Ocampo, compañero de Arizabaleta en la Comisión de Acusaciones, sostuvo que un investigador individual no tiene competencia para tomar una decisión de semejante magnitud sin cumplir los procedimientos correspondientes.
La controversia adquirió un matiz adicional porque Arizabaleta no pertenece a la oposición. La congresista llegó al Congreso en 2022 como parte de la coalición oficialista del Pacto Histórico. Abogada con experiencia en la Procuraduría y la Fiscalía, fue elegida por el partido La Fuerza de la Paz, que encabezaba entonces su esposo, Roy Barreras, uno de los principales aliados políticos de Petro durante el inicio de su gobierno.
Barreras rechazó públicamente la decisión. El ex presidente del Congreso aseguró que la Comisión de Acusaciones “no tiene ninguna atribución” para suspender al jefe de Estado y calificó la medida como inconstitucional. También remarcó que está divorciado de Arizabaleta desde hace cinco años.
Según fuentes citadas por medios colombianos, la suspensión podría terminar favoreciendo al propio Petro. Al quedar temporalmente apartado del cargo, el mandatario ya no estaría sometido a las mismas restricciones institucionales que pesan sobre el presidente en ejercicio y podría involucrarse con mayor libertad en la campaña del candidato oficialista Iván Cepeda, que disputará la segunda vuelta contra el opositor Abelardo de la Espriella.
En su resolución, Arizabaleta reconoció la existencia de una “tensión constitucional” entre la medida cautelar y el fuero presidencial. Aun así, argumentó que la legislación disciplinaria permite adoptar una suspensión temporal para evitar la reiteración de una conducta presuntamente irregular durante la contienda electoral.
La atención se concentra ahora en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), organismo encargado de ejecutar administrativamente una decisión de este tipo.