Este miércoles se cumple un año del fallo judicial que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. El hecho generó movilizaciones, vigilias y debates sobre las condiciones de detención.
Buenos Aires, 9 junio (NA) – Este miércoles se cumplirá un año del fallo judicial de la Corte Suprema por la causa Vialidad que ejecutó la pena contra la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. El hecho marcó un punto de quiebre en el sistema político y dejó en estado de shock y movilización permanente a los seguidores kirchneristas.
Los días que precedieron a la condena se vivieron en un clima de tensión social e institucional, con el Partido Justicialista en estado de alerta deliberativo y vigilias de emergencia. La ex jefa de Estado denunció un intento de «proscripción» para apartarla del escenario electoral.
El 9 de junio, la ex mandataria dio su último discurso presencial en la sede de Matheu 130, donde calificó su inminente detención domiciliaria como un «certificado de dignidad» ante la persecución del «Partido Judicial». El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se acercó ese día para escucharla y transmitirle su solidaridad, pero fue recibido con provocaciones por la militancia camporista.
La idea de resistir colectivamente el arresto fue desechada y Cristina Kirchner esperó la notificación del fallo confinada en su departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución. Esa esquina se convirtió en punto de peregrinación de la militancia.
Desde el 10 de diciembre, miles de simpatizantes se acercaron a la esquina de San José 1111 para montar guardias de apoyo y vigilias que duraron semanas, con consignas contra la «proscripción». Mientras el presidente Javier Milei y otros referentes del oficialismo celebraban el encierro de Cristina Kirchner, la ex mandataria tomaba contacto con la militancia a través del balcón de su vivienda, con efusivos saludos y bailes.
La aparición frecuente en el balcón generó disgusto entre quienes consideraban que una persona condenada no podía trivializar su condena o alterar la convivencia. No obstante, la Justicia aclaró que Cristina Kirchner podía hacer uso del balcón con «buen juicio, prudencia y sentido común», por lo que se zanjó la polémica.
Entre el 10 y el 12 de junio se realizaron cortes masivos por parte de sindicatos y movimientos sociales en accesos clave a la Capital Federal, escalando el conflicto social. Mientras la Corte Suprema definía las condiciones de detención, la ex presidenta esperó dentro de su domicilio. El 17 de junio recibió la notificación del arresto de forma virtual y comenzó a cumplir la pena de prisión.
El Tribunal Oral Federal 2 le impuso el uso de una tobillera electrónica y restricciones para recibir visitas, lo cual fue calificado por el kirchnerismo como un «trato degradante» y discriminatorio. Los pedidos de revisión de las condiciones de detención fueron desestimados por la Justicia hasta el día de hoy.
El 18 de junio se realizó la primera movilización masiva hacia la Plaza de Mayo, con un inmenso acompañamiento social pese a que la CGT decidió no marchar de forma orgánica. Desde su confinamiento, Cristina Kirchner comenzó a recibir visitas de carácter político y personal de forma casi diaria, lo que generó reparos de parte de sus detractores. Cuando se difundió una reunión política con nueve economistas, el TOF 2 impuso limitaciones estrictas en el régimen de visitas, con un tope de tres personas en simultáneo y por un lapso no mayor a dos horas.
Desde entonces, Cristina Kirchner y su entorno político sostienen un reclamo público para la flexibilización de las condiciones de detención, que consideran «objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias». La campaña por «Cristina Libre» se adueñó del accionar militante del ala kirchnerista, que busca convertir esa causa en la principal demanda del campo opositor, aunque eso suponga entrar en tensión con otros sectores del peronismo.