Un relevamiento de la consultora Paspartú señala que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acumula 36 proyectos por USD 94.965 millones. Sin embargo, un informe del diputado Guillermo Michel estima que los 13 proyectos iniciales generarán un gasto tributario de USD 1.837 millones por año, equivalente al 0,27% del PBI. El Súper RIGI, con mayores beneficios, profundizaría esa renuncia fiscal.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya acumula 36 iniciativas, con un monto proyectado de USD 94.965 millones entre proyectos aprobados y en etapa de evaluación. De ese total, 15 emprendimientos recibieron luz verde, con compromisos de capital por USD 27.210 millones, según un relevamiento de la consultora Paspartú basado en datos oficiales.
La contracara de ese ingreso de divisas es el impacto sobre las cuentas públicas. De acuerdo con los cálculos elaborados por el equipo del diputado nacional Guillermo Michel, los 13 proyectos iniciales generarán un gasto tributario de USD 1.837 millones anuales, lo que equivale a una pérdida de recaudación del 0,27% del PBI. La proyección técnica indica que por cada USD 100.000 millones de inversión que ingresen al régimen, el país resignará un punto porcentual del PBI en impuestos.
Esa caída en la recaudación se explica por exenciones como la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, las retenciones nulas a partir del tercer año y los beneficios para importar insumos y bienes de capital sin pagar aranceles.
En el sector industrial, algunas voces señalaron que el régimen beneficia a empresas que ya tenían previsto invertir. Un industrial textil afirmó: “Estás cediendo demasiado, la guita que entra tiene que, al menos, consumir algo localmente. Pero entra y se va”. Un metalúrgico agregó: “El 20% para proveedores locales del RIGI se está usando entero para la obra pública”.
Un informe de la consultora de Juan José Carbajales indicó que el esquema “habilita proyectos de producción en Vaca Muerta que ya eran rentables sin el RIGI”, lo que constituye un “riesgo fiscal” al “dar beneficios a inversiones que ocurrirían igual”.
El Gobierno instrumentó además el Súper RIGI, que amplía los beneficios para sectores como la industrialización del litio, el hidrógeno verde y el GNL. En esta nueva versión, el Impuesto a las Ganancias cae al 15% y se fija un tope del 10% para las contribuciones patronales. Según los números del extitular de la AFIP (ahora ARCA), si se proyecta una inversión de USD 100.000 millones bajo esas reglas, el costo tributario saltaría a 1,27 puntos del PBI.
El reporte de Paspartú señaló que la ley “no contiene política de proveedores industriales ni fomento de I+D”. A diferencia del RIGI original, que exigía un 20% de compras locales, el Súper RIGI no asegura la integración nacional.
Según el último informe del espacio Misión Productiva, basado en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), “casi el 60% de las ramas productivas privadas destruyó empleo registrado entre noviembre de 2023 y febrero de 2026”. La construcción perdió 81.295 empleos; la industria manufacturera, 76.556; los servicios de transporte y almacenamiento, 61.107; y las actividades profesionales, científicas y técnicas, 25.449. El documento afirmó que “la creación de empleo de los sectores que crecen está lejos de compensar a los sectores que destruyen”.