El Juzgado Federal Criminal Correccional N°2 desestimó la presentación de la vicepresidenta por inexistencia de delito, en línea con el dictamen fiscal que consideró las expresiones del diputado libertario como parte del debate político.
La vicepresidenta Victoria Villarruel sufrió un nuevo revés judicial al ser rechazada su denuncia contra el diputado libertario Luis Petri, quien la había calificado como «golpista». La Justicia Federal determinó que los hechos denunciados no constituyen delito alguno, ratificando el criterio aplicado en casos anteriores con los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi.
Villarruel había acusado a Petri por los delitos de calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión, además de invocar una infracción al artículo 213 bis del Código Penal, que tipifica la «coerción ideológica». Sin embargo, el juez Sebastián Ramos, a cargo del juzgado federal criminal correccional N°2, concluyó que las manifestaciones del diputado no reúnen los elementos necesarios para afectar el sistema democrático.
El fallo, notificado el 22 de abril de 2026, convalidó el dictamen del fiscal Ramiro González, quien sostuvo que las expresiones de Petri se inscriben en el marco del derecho a la opinión y la crítica política. «Avanzar con una acción penal por estos conceptos implicaría un ejercicio desmedido del poder punitivo del Estado sobre valoraciones de carácter público», argumentó el fiscal. Asimismo, se descartó la configuración del delito previsto en el artículo 213 bis al no hallarse evidencias de agrupaciones destinadas a cometer ilícitos.
El conflicto entre Villarruel y Petri se originó durante la apertura de las sesiones ordinarias, cuando el diputado cuestionó el rol institucional de la vicepresidenta y la acusó de ser «funcional a la oposición». En declaraciones televisivas, Petri dijo: «Cuando vos te ofrecés a la oposición para ser una alternativa siendo parte de un Gobierno o de una sucesión presidencial, ¿qué sos?» y agregó que «Villarruel fue funcional a la oposición» por abrir el Senado para que esta «tratara de quebrar el programa económico».
La vicepresidenta respondió en la red social X llamando a Petri «vecina chusma» y cuestionando su gestión al frente del IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas. Petri replicó calificándola de «golpista». Tras la denuncia, el diputado redobló sus críticas y calificó la acción judicial de «sin sentido, solo para tener un poco de presencia mediática».
La resolución judicial reafirma el principio de «ultima ratio» en el derecho penal, priorizando la libertad de expresión en el debate político frente a tipos penales de máxima gravedad.