El Departamento de Defensa Comercial de Brasil emitió un informe preliminar que señala indicios de prácticas desleales en las importaciones de leche en polvo. La definición final, que podría incluir medidas arancelarias, depende de la resolución sobre si el producto importado es similar a la leche fluida local.
El gobierno de Brasil avanzó en una investigación por presunto dumping en las importaciones de leche en polvo provenientes de Argentina y Uruguay. El Departamento de Defensa Comercial (Decom) de ese país emitió una nota técnica donde expuso los hechos esenciales que servirán de base para una decisión final sobre la aplicación de eventuales medidas comerciales.
El documento, de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MDIC) de Brasil, concluye de manera preliminar que existen pruebas de prácticas comerciales supuestamente desleales que causaron un daño material a los productores de leche brasileños entre 2021 y 2023. Determinó que las empresas exportadoras de ambos países operaron con márgenes de dumping que oscilan entre el 3,7% y el 61,4%.
Según el informe, el volumen de las importaciones provenientes de ambos países creció un 144,5% en el período analizado, ingresando al mercado brasileño con precios por debajo de los costos de producción locales. El Decom destacó que esta situación habría impedido a la industria doméstica brasileña ajustar sus precios frente al aumento de sus costos operativos.
La investigación, iniciada formalmente en diciembre de 2024 a pedido de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), incluye a firmas argentinas como Mastellone Hnos. (La Serenísima), Noal SA, Gloria Argentina y L3N SA, y a la cooperativa uruguaya Conaprole, entre otras.
El eje central del conflicto es la definición de «producto similar». Las autoridades brasileñas sostienen que la leche en polvo puede reconstituirse y competir con la leche fluida, presionando los precios en toda la cadena, incluidos los productores de leche cruda. Tanto Argentina como Uruguay rechazan esta equivalencia, argumentando que se trata de productos distintos, con mercados y estructuras de costos diferentes, y han advertido sobre posibles violaciones a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El proceso se encuentra ahora en una etapa previa a la resolución definitiva, donde las partes involucradas deben presentar sus defensas y observaciones al expediente.