El conflicto entre el Ejecutivo provincial y el Poder Judicial por el incremento del 6% podría generar un déficit de $48 mil millones, según el mandatario. El sindicato judicial reclama el cumplimiento del acuerdo.
El conflicto salarial entre el Ejecutivo provincial y el Poder Judicial de Corrientes sumó un nuevo capítulo de tensión. El gobernador Juan Pablo Valdés advirtió que el cumplimiento del aumento del 6% previsto para abril impactaría de forma crítica en las arcas públicas, provocando un desbalance financiero estimado en 48 mil millones de pesos.
A pesar de reconocer la autonomía del Poder Judicial, el mandatario fue tajante al señalar que la viabilidad del pago depende exclusivamente de las conversaciones con el Ministerio de Hacienda. “Si nos piden un refuerzo y nosotros les estamos diciendo que no tenemos la plata, se va a ocasionar un problema claramente”, afirmó Valdés.
Ante la posibilidad de que el incremento no se refleje en los recibos de sueldo de este mes, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ) presentó una nota formal dirigida al presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Guillermo Semhan. En el documento, el gremio exige que el tribunal «agote gestiones y recursos» para asegurar el cumplimiento del Acuerdo Extraordinario N° 02/2026.
La preocupación de los empleados judiciales radica en que el sistema de liquidación SISPER aún no habría habilitado la carga de la nueva escala salarial. Desde el sindicato recordaron que el acuerdo establecía dos tramos de recuperación del 6% y que el Poder Judicial goza de la Ley de Autarquía N° 4420 para definir su política de haberes.
Para los representantes de los trabajadores, el incremento es un «magro paliativo» frente a la crisis económica. El SITRAJ destacó que la inflación de marzo fue del 3,4% a nivel nacional y del 4,1% en el NEA, por lo que la falta de pago profundizaría el deterioro de las economías familiares.
Por ahora, la situación permanece sin resolución: mientras el gremio apela a la autarquía judicial y a la Constitución, el gobernador Valdés insiste en que no hay recursos extraordinarios para cubrir el bache financiero que generaría la medida.