El magistrado federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y a otras 34 personas, en una investigación por presuntas maniobras de corrupción en compras estatales de medicamentos de alto costo.
La Justicia Federal citó a prestar declaración indagatoria al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Orlando Spagnuolo, y a otras 34 personas, acusadas de integrar una red de compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia en complicidad con droguerías. La medida la dispuso el juez Ariel Lijo tras un pedido en ese sentido del fiscal federal Franco Picardi.
Según las evidencias de la investigación, el ex titular de la Andis habría utilizado su poder y capacidad de supervisión para generar condiciones que permitieron direccionar millonarias compras del Estado hacia un selecto grupo de empresas privadas. El mecanismo, según la fiscalía, consistía en simular una competencia entre oferentes para la provisión de medicamentos e insumos médicos de alto costo del Programa Federal Incluir Salud.
A cambio de garantizar los negocios a algunos empresarios, Spagnuolo habría recibido «retornos», según la hipótesis de la fiscalía. El empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los principales articuladores privados de la maniobra, habría canalizado sobornos que incluirían entregas en mano de dinero en efectivo y el pago de deudas personales millonarias del funcionario.
Los indagados son Spagnuolo, junto al exfuncionario Daniel María Garbellini y los empresarios Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich. A ellos se suman otros 24 nuevos implicados, entre los que hay empresarios y prestadores, y otras seis personas que ya tenían audiencia fijada previamente, señaladas por ocuparse del blanqueo y la recaudación del dinero negro.
El expediente habla de sobreprecios, cartelización y cobro de sobornos en licitaciones vinculadas a implantes auditivos, sillas de ruedas, medicamentos oncológicos y prótesis traumatológicas. Las maniobras, detalladas en la investigación penal, revelarían un esquema perpetrado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
La organización, integrada por altos funcionarios públicos y empresarios, habría manipulado el sistema informático SIIPFIS, implementado en junio de 2024, para manipular las contrataciones. Para ello, habilitaron un circuito de compulsas de precios paralelo, al que únicamente invitaban a participar a un grupo reducido de firmas elegidas.
El grupo empresario operaba dividiéndose las licitaciones de antemano, simulando una competencia legal con oferentes «pantalla» que figuraban como invitadas pero omitían cotizar o presentaban ofertas diseñadas para perder. Esta mecánica se habría reproducido en los segmentos de amputaciones, cardiología, neurología, traumatología y sillas de ruedas.
Según el fiscal, Calvete habría operado con poder de decisión sobre las compras del organismo sin ser empleado público, recibiendo información confidencial de funcionarios de la Andis. La contraprestación sería el pago de «retornos» a los funcionarios públicos implicados, con una tarifa que oscilaría entre el 12% y el 20% de las sumas totales facturadas a la Andis.
Para ocultar la ruta del dinero, la organización habría implementado un circuito de facturación cruzada y apócrifa entre las empresas del rubro, inventando comprobantes por conceptos comerciales falsos. Otros integrantes están acusados de la recolección física y virtual del dinero negro, movilizando dólares y pesos en efectivo hacia distintas oficinas y domicilios particulares.