A través de una resolución oficial, se amplió la vigencia del programa hasta 2028, se actualizaron sus lineamientos y se mantuvo el monto de la prestación, dirigida a hogares en situación de vulnerabilidad.
El Gobierno nacional extendió por 48 meses la vigencia del Programa de Acompañamiento Social y redefinió sus lineamientos operativos, estableciendo las condiciones de acceso, permanencia y control para los beneficiarios. La medida, formalizada mediante la Resolución 90/2026 del Ministerio de Capital Humano, también ratifica el monto de la prestación y reorganiza los criterios de implementación del esquema orientado a hogares en situación de vulnerabilidad.
El programa, creado por el Decreto 198/2024, tiene como objetivo promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de personas que integran hogares con mayor grado de exclusión. Según la normativa publicada en el Boletín Oficial, el esquema apunta a fortalecer el núcleo familiar y a la comunidad, con foco en el desarrollo de capacidades y la autonomía.
A partir de los nuevos lineamientos, el programa queda dirigido exclusivamente a quienes ya eran titulares y cumplen con las condiciones establecidas. Este universo incluye a mujeres y hombres de 50 años o más en situación de vulnerabilidad, mujeres con cuatro o más hijos menores de edad y personas derivadas de unidades del Poder Ejecutivo por situaciones especiales.
Se mantiene una asignación mensual no remunerativa de $78.000, cuyo cobro está condicionado al cumplimiento de obligaciones como acreditar controles de salud en embarazo, cumplir con el calendario de vacunación de menores a cargo, garantizar la asistencia escolar y participar en instancias de formación a través de plataformas digitales.
La normativa detalla la compatibilidad del beneficio con otras prestaciones, como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y ayudas alimentarias o habitacionales. También se lo puede compatibilizar con actividades laborales de baja escala, siempre que los ingresos no superen el salario mínimo.
En paralelo, se establecen criterios de exclusión vinculados a la situación patrimonial, los ingresos y el comportamiento financiero. No podrán acceder quienes posean más de un inmueble, vehículos con menos de diez años de antigüedad o registren niveles de consumo que superen parámetros establecidos. También quedan excluidas las personas que perciban jubilaciones, pensiones u otros beneficios previsionales, o aquellas que accedan al mercado de cambios para compra de divisas con fines de ahorro.
El nuevo marco incorpora causales específicas de egreso del programa, como la participación en situaciones que impliquen alteración del orden público, hechos de violencia, falsedad en la información declarada o incumplimiento de las condiciones.
Dentro de sus líneas de acción, el programa prevé iniciativas de fortalecimiento familiar con énfasis en alfabetización digital y capacitación en cuidados. Asimismo, se incorporan instancias de orientación para personas próximas a la edad jubilatoria, para facilitar su acceso al sistema de seguridad social.