La administración nacional concentra esfuerzos en el nombramiento de magistrados, un proceso clave que genera debates y negociaciones dentro del poder judicial y el propio oficialismo.
El Gobierno nacional ha puesto un foco destacado en el proceso de designación de cientos de jueces a lo largo del país, una tarea que consume una parte significativa de su agenda política y judicial a inicios de 2026. Esta iniciativa es considerada por analistas como una movida de alta relevancia institucional, dado el impacto que puede tener en la configuración del Poder Judicial.
Según fuentes del Ejecutivo consultadas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, está involucrada de lleno en este tema, lo que habría llevado a una pausa en ciertas tensiones internas con otras áreas del Gobierno, como las que gestiona el ministro de Economía, Santiago Caputo. El objetivo declarado es avanzar en la cobertura de vacantes en el sistema judicial.
En este contexto, se produjo el nombramiento de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia, reemplazando a Mariano Cúneo Libarona. Mahiques, exfiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, es visto como una figura con experiencia en el ámbito judicial. Su llegada habría mejorado, según las mismas fuentes, el diálogo del Ejecutivo con Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, el proceso no está exento de complejidades. El Gobierno se encuentra con que algunas causas judiciales sensibles, como las relacionadas con la criptomoneda $Libra o las revelaciones del vocero presidencial Manuel Adorni, están en manos de magistrados de otras líneas, como Marcelo Martínez de Giorgi y Ariel Lijo. Este último fue, en su momento, un candidato propuesto desde distintos sectores para integrar la Corte Suprema.
La situación genera un escenario de negociación y definición de estrategias dentro del oficialismo, que debe balancear el apoyo a su ministro de Justicia con la relación con jueces federales de amplia trayectoria e influencia. Expertos en derecho constitucional señalan que estos nombramientos son procesos institucionales clave que suelen demandar consensos y están sujetos a los mecanismos establecidos por la ley.
El resultado final de este amplio proceso de designaciones judiciales, que involucra a múltiples actores del Estado, sigue siendo una incógnita y se desarrollará en los próximos meses.